7 de julio de 2026
TRASPASO
Chubut oficializó el acuerdo con YPF y ya rige la salida de la petrolera de la cuenca
La publicación de la norma en el Boletín Oficial habilitó la puesta en marcha del convenio por el que la petrolera transferirá áreas maduras, inmuebles, vehículos y una compensación de 25 millones de dólares. En paralelo, un grupo de ciudadanos presentó recursos para impugnar la ley
El Gobierno de Chubut oficializó la ley que ratifica el acuerdo firmado con YPF para concretar la salida de la compañía de las áreas convencionales que operaba en la Cuenca del Golfo San Jorge. Con la publicación de la Ley XVII N° 166 en el Boletín Oficial, el convenio aprobado por la Legislatura el pasado 2 de julio quedó formalmente vigente y comenzó la etapa de implementación del proceso de transferencia de concesiones, activos y compensaciones acordadas entre la provincia y la empresa.
La norma convalida en todos sus términos el acta suscripta el 26 de junio por el gobernador Ignacio Torres y representantes de YPF, que establece el traspaso de las concesiones de explotación de El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr a las empresas cesionarias que continuarán con la operación de esos bloques.
El convenio forma parte de la reconfiguración de los activos convencionales de YPF en distintas provincias y contempla, además del cambio de operadores, una compensación extraordinaria para Chubut compuesta por 25 millones de dólares, inmuebles y un conjunto de vehículos que pasarán a integrar el patrimonio provincial.
La ley fija además el destino específico de esos recursos. Los fondos económicos deberán utilizarse exclusivamente para financiar obras de infraestructura, servicios públicos, seguridad, salud, educación, vivienda, saneamiento y proyectos de desarrollo urbano dentro de Comodoro Rivadavia, uno de los puntos que fue incorporado durante el tratamiento legislativo para garantizar que los recursos permanezcan en la ciudad más directamente vinculada con la actividad petrolera.
En cuanto a los inmuebles transferidos por YPF, la normativa establece distintos mecanismos según su situación. Aquellos ocupados por clubes, asociaciones civiles, entidades culturales, deportivas, educativas o comunitarias serán sometidos a un proceso de regularización dominial que permitirá consolidar su uso con fines públicos. Mientras tanto, el Ejecutivo provincial podrá otorgar permisos de uso precarios hasta completar los trámites correspondientes.
Los bienes que no se encuentren ocupados por instituciones serán destinados al uso público dentro del ejido de Comodoro Rivadavia. En caso de una venta excepcional, el producido deberá reinvertirse íntegramente en obras para esa ciudad, evitando que los recursos sean destinados a otros fines.
La legislación también habilita al Gobierno provincial a realizar todas las adecuaciones administrativas necesarias para concretar la transferencia patrimonial. Entre ellas se incluyen mensuras, subdivisiones, unificaciones parcelarias, modificaciones catastrales y las correspondientes inscripciones registrales. A su vez, incorpora al patrimonio provincial los vehículos cedidos por YPF, que serán asignados a servicios públicos esenciales y al fortalecimiento operativo de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia.
Como parte del esquema previsto para administrar los activos inmobiliarios, la norma crea un Consejo Consultivo integrado por representantes del Poder Ejecutivo provincial, el intendente de Comodoro Rivadavia —o quien este designe— y organizaciones de la sociedad civil. Ese espacio tendrá carácter consultivo y deberá elaborar propuestas sobre el destino de determinados inmuebles alcanzados por el convenio.
La oficialización del acuerdo se produjo en medio de nuevos cuestionamientos judiciales y administrativos. El mismo lunes, un grupo de nueve ciudadanos presentó recursos ante la Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo solicitando que se revise la legalidad del convenio aprobado por la Legislatura.
La presentación, impulsada por el constitucionalista José Raúl Heredia junto a otros vecinos de distintas localidades de la provincia, cuestiona principalmente la cláusula mediante la cual la Provincia acepta liberar a YPF de futuras responsabilidades vinculadas a pasivos ambientales correspondientes a las áreas transferidas.
Los firmantes sostienen que la protección ambiental constituye un derecho de orden público que no puede ser objeto de renuncia por parte del Estado y plantean que la compensación económica acordada carece de estudios independientes que permitan establecer si guarda relación con la magnitud de los pasivos existentes. También expresan reparos sobre la ausencia de participación municipal durante la negociación y sobre algunos aspectos incorporados en la ley durante su tratamiento legislativo.
Los recursos presentados buscan que la administración provincial revise el procedimiento antes de iniciar eventuales acciones judiciales. Mientras tanto, la ley permanece plenamente vigente y el Gobierno provincial quedó habilitado para avanzar con la ejecución del acuerdo, el traspaso de los bienes y la implementación del nuevo esquema previsto para las áreas maduras que deja YPF en Chubut.