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Icardi pagó pero sigue como deudor: la norma porteña que complica su baja del registro
El delantero abonó las cuotas adeudadas, pero la legislación exige intervención judicial y un arancel elevado para salir del Registro Público de Alimentantes Morosos
El delantero Mauro Icardi, actual jugador del Galatasaray de Turquía, continúa figurando en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de haber saldado recientemente las deudas por la manutención de sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara.
Según la normativa vigente en la Capital Federal, el pago de la deuda no basta para salir del registro. La inscripción sólo puede cancelarse mediante una orden expresa del juzgado que dispuso la medida originalmente, acompañada del abono de un arancel administrativo que asciende a $251.970.
Esta regla, diseñada para garantizar el cumplimiento sostenido de las obligaciones alimentarias y proteger el interés superior de los menores, impone restricciones significativas mientras la persona permanece inscripta: prohibición de salida del país, impedimentos para celebrar ciertos contratos, dificultades para obtener créditos y otras consecuencias legales y patrimoniales.
El caso de Icardi ganó relevancia pública en las últimas semanas, cuando el futbolista buscaba regularizar su situación para viajar a Argentina por las fiestas de fin de año y pasar Navidad con sus hijas. Un fallo del juez Carlos Hagopian autorizó la custodia temporal de las niñas del 22 al 27 de diciembre, incluso con la posibilidad de intervención de fuerza pública si fuera necesario.
Fuentes judiciales indican que, aunque Icardi canceló las cuotas pendientes, el trámite para la baja del registro no se completó, lo que mantiene activas las restricciones. Wanda Nara había manifestado públicamente que el futbolista seguía siendo deudor hasta que se cumplieran todos los requisitos legales.
Según la normativa vigente en la Capital Federal, el pago de la deuda no basta para salir del registro. La inscripción sólo puede cancelarse mediante una orden expresa del juzgado que dispuso la medida originalmente, acompañada del abono de un arancel administrativo que asciende a $251.970.
Esta regla, diseñada para garantizar el cumplimiento sostenido de las obligaciones alimentarias y proteger el interés superior de los menores, impone restricciones significativas mientras la persona permanece inscripta: prohibición de salida del país, impedimentos para celebrar ciertos contratos, dificultades para obtener créditos y otras consecuencias legales y patrimoniales.
El caso de Icardi ganó relevancia pública en las últimas semanas, cuando el futbolista buscaba regularizar su situación para viajar a Argentina por las fiestas de fin de año y pasar Navidad con sus hijas. Un fallo del juez Carlos Hagopian autorizó la custodia temporal de las niñas del 22 al 27 de diciembre, incluso con la posibilidad de intervención de fuerza pública si fuera necesario.
Fuentes judiciales indican que, aunque Icardi canceló las cuotas pendientes, el trámite para la baja del registro no se completó, lo que mantiene activas las restricciones. Wanda Nara había manifestado públicamente que el futbolista seguía siendo deudor hasta que se cumplieran todos los requisitos legales.