Se abrió el debate para reformar la Justicia civil con un nuevo Código Procesal
La Legislatura chubutense iniciará en agosto una ronda de consultas públicas para analizar el proyecto enviado por el Superior Tribunal de Justicia. La iniciativa propone reemplazar el sistema escrito por procesos orales, públicos y con audiencias, además de incorporar lenguaje claro y nuevas tecnologías
La Legislatura de Chubut pondrá en marcha desde agosto un amplio proceso de discusión pública sobre uno de los proyectos judiciales más ambiciosos de los últimos años: el nuevo Código General de los Procesos no penales, una iniciativa impulsada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que busca modernizar el funcionamiento de la Justicia civil, comercial, laboral y de familia en la provincia.
El proyecto, identificado como Ley N° 60/26, ya fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde se desarrollarán reuniones informativas abiertas con participación de especialistas, entidades profesionales, universidades y organizaciones de toda la provincia. Los encuentros serán transmitidos en vivo y contarán además con un mecanismo de participación ciudadana a través de la página web de la Legislatura.
La decisión de abrir el debate refleja la importancia institucional de una reforma que apunta a modificar de manera profunda la forma en que se tramitan los conflictos no penales en Chubut. El texto fue elaborado durante varios años por una comisión interpoderes y consta de 588 artículos.
Uno de los cambios más relevantes es el paso de un sistema predominantemente escrito hacia un modelo oral y por audiencias. La propuesta establece que los jueces deberán intervenir personalmente en las instancias clave del proceso y limita la delegación de funciones, una práctica que históricamente ha sido cuestionada por demorar las resoluciones judiciales.
La iniciativa también incorpora el uso de herramientas tecnológicas para facilitar la participación de las partes cuando no puedan asistir presencialmente, una tendencia que comenzó a consolidarse durante la pandemia y que ahora busca quedar incorporada de manera permanente.
Otro aspecto destacado es la incorporación del concepto de "lenguaje claro" en las resoluciones judiciales. El objetivo es que sentencias, notificaciones y actuaciones puedan ser comprendidas por cualquier ciudadano sin necesidad de conocimientos jurídicos especializados, una demanda creciente dentro de los procesos de modernización judicial en distintas provincias del país.
La reforma también busca agilizar los tiempos de la Justicia. El texto establece criterios de celeridad, concentración de actos procesales y utilización eficiente de los recursos judiciales, con la intención de reducir demoras y brindar respuestas en plazos más razonables.
Desde el plano político e institucional, el tratamiento del proyecto aparece como una de las discusiones más relevantes que tendrá la Legislatura durante el segundo semestre. El oficialismo provincial busca replicar el esquema de debate abierto que ya utilizó para otras reformas de alto impacto, como el Código Electoral, la ley de ciberdelitos y la reciente normativa que restringe el uso de teléfonos celulares en las cárceles.
Mientras tanto, comenzaron a enviarse invitaciones a colegios de abogados, asociaciones de magistrados, universidades y especialistas en derecho para que analicen el texto y acerquen propuestas antes del inicio formal del debate.
La expectativa es que el proceso permita construir consensos sobre una reforma que, de aprobarse, redefinirá gran parte del funcionamiento cotidiano de la Justicia chubutense y marcará uno de los cambios procesales más importantes de las últimas décadas en la provincia.