1 de octubre de 2025
POLEMICA
Extranjeros rechazaron en Río Negro un proyecto que arancela servicios a no residentes
Un grupo de migrantes de Chile, Perú, Bolivia y Uruguay expuso en la Legislatura contra una iniciativa de JSRN que busca cobrar por salud y educación superior a extranjeros con residencia transitoria. Los legisladores aclararon que el proyecto excluye a residentes permanentes
Un grupo de ciudadanos extranjeros residentes en Río Negro se presentó en una reunión plenaria de la Legislatura provincial para expresar su oposición a un proyecto de ley que propone establecer aranceles para el acceso a servicios de salud y educación superior a extranjeros no residentes permanentes.
La iniciativa, impulsada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López de JSRN, ya cuenta con media sanción y fue debatida en comisión con la participación de migrantes provenientes de Chile, Perú, Bolivia y Uruguay, quienes solicitaron postergar el segundo tratamiento para ampliar el debate.
Abner Lobos Franco, migrante chileno avecindado en Argentina desde hace más de 50 años, cuestionó los fundamentos del proyecto al afirmar que "toda la colectividad está siendo agraviada, en un país donde la Ley de Migraciones es ejemplar e imitada por muchos países". El vocero sostuvo que la reforma implica "quitar un derecho histórico" y consideró insuficiente el argumento de reciprocidad, señalando que "no sirve el argumento de que quizás en otro país no se atiende a un argentino como sí lo hacemos acá".
Lobos también cuestionó la viabilidad operativa del cobro, señalando que según un informe de la Universidad Nacional de Río Negro existen alrededor de 1.500 inmigrantes en la provincia.
El legislador Lucas Pica, uno de los autores del proyecto, aclaró durante la sesión que la iniciativa está dirigida específicamente a extranjeros con residencia transitoria o precaria, excluyendo expresamente a quienes cuentan con radicación permanente. El parlamentario explicó que uno de los objetivos centrales del proyecto es "celebrar convenios de reciprocidad con otros países", estableciendo así relaciones bilaterales que garanticen derechos equivalentes para los argentinos en el exterior.
La propuesta se enmarca en un debate más amplio sobre la sostenibilidad de los servicios públicos provinciales y los criterios de reciprocidad en las políticas migratorias.
El proyecto de ley, que ya cuenta con aprobación inicial, genera controversia en un contexto donde varias provincias analizan medidas similares para regular el acceso a servicios públicos. Los representantes de la comunidad extranjera insistieron en la necesidad de profundizar el debate fuera del recinto legislativo antes de proceder a la votación definitiva, mientras los legisladores oficialistas mantienen su postura de avanzar con la iniciativa que, según argumentan, busca establecer criterios de equidad en el uso de recursos públicos provinciales.