10 de septiembre de 2025
SANTA CRUZ
Entre dudas por su costo y prioridades, se oficializó la ampliación del TSJ
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz pasará de cinco a nueve integrantes, tras la promulgación de la Ley 3949. La reforma, publicada este miércoles en una edición especial del Boletín Oficial, generó críticas de la oposición por el costo que implicará y por las prioridades que fija en la agenda judicial
La modificación a la Ley Orgánica de la Justicia fue aprobada por la Legislatura el pasado 28 de agosto y promulgada por el gobernador Claudio Vidal mediante el decreto 768, publicado hoy en el Boletín Oficial. El nuevo esquema establece que los vocales del Tribunal serán designados por la Cámara de Diputados a partir de ternas remitidas por el Poder Ejecutivo, con pliego abierto y orden alfabético.
La norma también habilita que el máximo órgano judicial pueda dividirse en salas para el tratamiento de causas, aunque mantiene la obligatoriedad de resolver en pleno los expedientes contencioso-administrativos y los de competencia originaria y exclusiva.
El argumento central del oficialismo fue que la ampliación del Tribunal responde al aumento sostenido de causas y a la necesidad de modernizar el funcionamiento del sistema judicial. Legisladores que acompañaron la medida sostuvieron que el crecimiento poblacional y la complejidad de la litigiosidad en Santa Cruz justifican la incorporación de nuevos jueces, con el objetivo de mejorar los tiempos de resolución y reforzar la estructura institucional.
En contraposición, sectores opositores y referentes de organizaciones profesionales plantearon que la decisión implica una fuerte erogación presupuestaria en un contexto de limitaciones en otras áreas del Poder Judicial. También advirtieron que el refuerzo debería enfocarse en los juzgados de primera instancia y en garantizar recursos humanos e infraestructura para el acceso a la justicia en el interior provincial.
Las críticas apuntaron además a que el proceso de ampliación podría concentrar mayor discrecionalidad en el Ejecutivo y en la Legislatura para la selección de magistrados.