29 de julio de 2025
NOTA DE GRAFICA
Bariloche: Cortés y su polémico referéndum
A falta de consensos con el Concejo Deliberante, el intendente de la ciudad turística más prominente de la Patagonia convocó a una consulta popular con diez puntos controversiales sobre los que no pudo avanzar en su gestión
La resolución firmada por el intendente Walter Cortés el 14 de julio, convocando a un referéndum popular para el 9 de noviembre, desató una tormenta política en Bariloche. Los diez puntos sobre los que planea avanzar, no tuvieron acuerdo político en el Deliberante justamente por tratarse de cuestiones controversiales. Entre los más polémicos se encuentran temas socioambientales, desarrollos inmobiliarios, el pago de la ecotasa y el financiamiento de licencias gremiales.
En ese marco, Cortés justificó la convocatoria mediante el artículo 163 de la Carta Orgánica que habilita a las consultas populares, pero no define si el llamado corresponde exclusivamente al Ejecutivo o requiere acuerdo legislativo.
El intendente interpretó que le asiste el derecho unilateral, pero esta lectura choca frontalmente con la historia institucional local: el referéndum realizado en Bariloche en 2009 fue convocado mediante ordenanza del Concejo Deliberante, no por decreto ejecutivo. Una discrepancia que no es mera formalidad. Concejales opositores y juristas sostienen que el término "gobierno municipal" en la Carta Orgánica implica una co-decisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo, no la imposición de uno sobre otro.
Mientras el intendente justifica el referéndum acusando al Concejo de "poner palos en la rueda" y burocratizar proyectos urgentes, desde la oposición se apunta que el referéndum no es un mecanismo de participación, sino una herramienta para evadir la discusión política. Proyectos como el natatorio olímpico o el plan de asfalto ya cuentan con presupuesto aprobado por unanimidad en el Concejo, lo que pone en tela de juicio la necesidad real de someterlos a consulta, salvo como maniobra de legitimación personal.
La selección misma de los diez temas despierta suspicacias sobre su viabilidad y conveniencia. Algunos proyectos, como la "contribución turística" (reenvase de la polémica Eco-Tasa), fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en su versión anterior. Su reintroducción vía referéndum, sin cambios sustanciales, genera dudas sobre su legalidad futura incluso si gana el "Sí". Otros, como la habilitación de Uber y Cabify, podrían resolverse por vía administrativa directa del Ejecutivo mediante una simple modificación regulatoria, sin necesidad de una costosa consulta popular.
La inclusión de temas ambientalmente sensibles –como el reemplazo de pinos en la costanera por especies nativas o la explotación turística de Isla Huemul– sin estudios de impacto ambiental públicos y detallados, expone otro flanco crítico: la falta de información técnica sólida e imparcial para que los votantes decidan con conocimiento real. La pregunta 4, sobre financiar licencias gremiales con fondos sindicales, ya había sido rechazada previamente en el Concejo y su resurrección por vía plebiscitaria parece más una represalia política que una solución dialogada.
En ese sentido, el diseño operativo del referéndum agrava los temores sobre su transparencia y equidad. Si bien la segunda resolución (Nº 00001459-I-2025) corrigió errores iniciales como la exclusión discriminatoria de residentes extranjeros , persisten desafíos mayúsculos.
La "boleta única" con diez preguntas complejas, cada una con opción "SÍ/NO", plantea un laberinto logístico y cognitivo. ¿Cómo garantizar que 110,000 electores comprendan cabalmente el alcance de cada propuesta –desde la cesión de un inmueble a veteranos de Malvinas hasta la reforma laboral municipal– en el limitado tiempo de una votación?
Aunque Cortés prometió publicar los fundamentos completos en la plataforma "Gobierno Abierto" , la saturación informativa y la brecha digital podrían dejar a muchos votantes sin acceso real a análisis profundos e independientes. El municipio aún no ha detallado un plan pedagógico robusto para explicar, por ejemplo, las implicancias presupuestarias del "plan solidario de infraestructura vial" o los riesgos patrimoniales de la reactivación de Isla Huemul.
Cortés lanza la consulta en un contexto de debilidad propia: su gestión enfrenta investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en contratos y nepotismo que involucran a funcionarios cercanos , erosionando su capital político.
Más que un ejercicio cívico modélico, el referéndum amenaza con convertirse en el síntoma de una crisis más profunda: la de un liderazgo municipal que, acorralado por sus contradicciones y desafíos, arriesga la estabilidad institucional de Bariloche en una jugada cuyas consecuencias podrían extenderse mucho más allá del 9 de noviembre, con secuelas en los dos años que le quedan a Cortes en la comuna.
La pregunta que flota en el aire no está en ninguna boleta, y es ¿a qué precio la democracia directa erosiona los cimientos de la democracia representativa? La respuesta, quizás, se encuentre en los tribunales antes que en las urnas.
Una insólita multa en caso de no participar de la consulta
Los electores que no participen en el referéndum sin justificación válida deberán abonar una multa equivalente al valor de una bolsa de cemento de 50 kg al precio vigente el día de la votación. El monto, determinado por un bien de consumo variable, busca garantizar el cumplimiento del voto obligatorio, aunque su aplicación dependerá de los mecanismos de fiscalización que implemente el municipio. La medida sigue el marco legal previsto en la Carta Orgánica Municipal y la legislación electoral provincial.
Leandro Costa Brutten - Concejal del bloque Integrar Bariloche
“El intendente quiere gobernar sin controles y sin respetar la ley"
En conversación con La Tecla Patagonia, el concejal Leandro Costa Brutten (Integrar Bariloche) desgranó las razones por las cuales califica de "ilegal" el referéndum convocado por Cortés: "Lo que el Intendente está haciendo de forma equivocada -e intencionalmente- es que intenta quedarse con facultades que la Carta Orgánica le da al Concejo Deliberante. Por un lado, con la declaración de emergencia habitacional, y además quiere crear tasas y gravámenes que la única forma de hacerlo es por medio de ordenanza, pero como no tiene los votos, no quiere respetar el procedimiento constitucional".
Consultado sobre la estrategia legal de la oposición, detalló: "Vamos al Superior Tribunal de Justicia porque hay un conflicto de poderes. Está prohibido que pueda crear tasas o contribuciones por este mecanismo. Está prohibido que se quede con las facultades del Concejo Deliberante. Lo vamos a judicializar en defensa propia, en defensa de las instituciones". El concejal también cuestionó la selección de temas del plebiscito: "Las cosas que él hizo mal no las consulta. ¿Por qué no pone a consideración las acusaciones de nepotismo? ¿O el millón de dólares que le entregó a una empresa que nunca vendió un litro de nafta en Bariloche? Sólo pone lo que le conviene. Es un manipulador".
Sobre el clima político, cerró con un diagnóstico lapidario: "El conflicto institucional se va a agravar. Cortés se peleó con los concejales, con los jubilados, con los empresarios turísticos y con el sindicato. Es una persona que intenta desgobernar”.
La postura del gremio de empleados municipales: “Es ilegal y discriminatorio”, el rechazo del SOYEM al referéndum
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) cuestionaron severamente los fundamentos legales y el procedimiento empleado por Cortés: "Nos preocupa profundamente que se utilice un mecanismo de democracia directa para evadir las instancias institucionales establecidas. El artículo 163 de nuestra Carta Orgánica no puede interpretarse como un cheque en blanco para que el Ejecutivo tome decisiones que corresponden al Concejo Deliberante", expresaron desde el gremio.
En ese sentido, señalaron que la resolución municipal incurre en errores jurídicos elementales al basarse en ordenanzas que fueron derogadas hace más de una década. Particularmente grave resulta la invocación de la Ordenanza 817-CM-97 y su versión modificada 817-CM-09, que ya no tienen vigencia legal.
En el Soyem indicaron la aplicación incorrecta de la Ley Provincial 2353, normativa que rige exclusivamente para municipios sin Carta Orgánica propia, situación que no corresponde al caso de Bariloche. Este error, a juicio del gremio, demostraría un desconocimiento preocupante del marco normativo local por parte del equipo de Cortés.
El gremio indica que someter a votación cuestiones ya zanjadas por la Justicia, como la inconstitucionalidad de la ecotasa constituye un desprecio al Estado de Derecho.
La crítica se extiende al contenido mismo de las propuestas, varias de las cuales -según el SOYEM- requieren necesariamente tratamiento legislativo mediante ordenanzas. "No se puede convertir en consulta popular lo que por naturaleza corresponde al ámbito de representación legislativa", sostienen los trabajadores, recordando que el referéndum de 2009 fue aprobado previamente por ordenanza del Concejo.
Ampliación de la Emergencia Habitacional: promesas, riesgos y una ciudad en deuda con sus pobladores
La prórroga de la emergencia habitacional hasta 2027 se perfila como el tema más polémico del referéndum. Este punto, que busca extender un régimen especial de acceso a tierras, se presenta en una ciudad donde el déficit habitacional golpea a miles de familias.
El mecanismo, vigente desde 2024, obliga a los desarrolladores inmobiliarios a destinar el 22% de los lotes en nuevos emprendimientos para vivienda social. Sin embargo, los resultados hasta ahora han sido magros: de los 2.000 lotes prometidos inicialmente, solo se han materializado 304, ninguno de los cuales ha sido entregado a familias necesitadas.
La polémica se intensifica al considerar los antecedentes del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas (ITVHS), organismo encargado de gestionar estos terrenos. Auditorías recientes revelaron irregularidades millonarias en administraciones anteriores, incluyendo pagos cuestionables a cooperativas y problemas en la asignación de lotes.
Desde el sector inmobiliario, voces como Laura Fenoglio, desarrolladora del proyecto "Terrazas del Este", reconocen que urbanizar bajo este régimen incrementa significativamente los costos, lo que podría terminar afectando los precios del mercado formal.
Para las miles de familias que hoy viven hacinadas o pagan alquileres que consumen gran parte de sus ingresos, la emergencia representa una esperanza concreta.