En total se asignan $40.514 millones a obras públicas, con fuerte predominio del IDUV y un esquema que prioriza vivienda, urbanismo y refacciones edilicias. El monto representa apenas el 1,25% del gasto total en el presupuesto y supone una reducción del 15% respecto de 2025 en un contexto de déficit del 11,7% y restricciones macroeconómicas

Las obras previstas en el presupuesto 2026 de Santa Cruz

El gobierno de Santa Cruz presentó un plan de obras públicas por $40.514.097.094 distribuido en un poco más de un centenar de trabajos. El esquema mantiene un perfil de continuidad respecto de los últimos años, con un fuerte predominio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), que administra más del 90% del total asignado. Las obras se concentran en vivienda, refacciones edilicias, infraestructura urbana y mejoras institucionales, mientras que organismos como el Ministerio de Energía y Minería, la Policía Provincial y el Poder Judicial intervienen con proyectos menores.

Entre las inversiones destacadas aparece Río Gallegos, que absorberá alrededor del 30% del total provincial con múltiples planes de 56 viviendas en distintos sectores, por $1.086 millones cada uno, además de obras complementarias por más de $1.600 millones. Caleta Olivia, Puerto San Julián, Puerto Deseado, Cañadón Seco y Pico Truncado se posicionan entre las principales receptoras del programa, aunque con montos más moderados que en 2025.

La composición del plan refleja la presión fiscal: el Presupuesto General proyecta gastos por $3,24 billones contra recursos por $2,90 billones, con un déficit de $339.820 millones (11,7%), lo que obliga a priorizar servicios sociales —que absorben el 66,6% del total— por encima de la inversión en capital físico. En ese marco, las obras públicas representan solo el 1,25% del gasto provincial, una participación incluso menor que el 2% del año anterior.

Reducción de montos y redistribución territorial frente a la crisis

El plan 2026 implica una caída del 15% respecto a 2025, cuando las obras públicas sumaron $47.913 millones, cifra que había crecido a su vez desde los $40.687 millones de 2024. La contracción se vincula a la crisis macroeconómica, con caída de transferencias nacionales y una inflación disminuida, pero aún persistente que afecta el margen financiero del Gobierno provincial.

Mientras en 2025 se habían destacado proyectos emblemáticos como los $15.709 millones para viviendas en Caleta Olivia, para 2026 las inversiones se tornan más homogéneas y distribuidas, con planes de menor escala en decenas de localidades: desde $38 millones para mejoramiento urbano en Fitz Roy hasta $240 millones para obras varias en Jaramillo, o refacciones por $42 millones en Lago Posadas.

En paralelo, continúan trabajos de infraestructura educativa, sanitaria y comunitaria en comunidades como Los Antiguos, que recibirán $279 millones para ampliación del colegio secundario y $983 millones para un natatorio, o Pico Truncado, donde las obras educativas superan los $1.800 millones.

La estrategia difiere de 2024 y 2025, cuando la expansión de infraestructura vial —incluida la repavimentación de la Ruta 43— ocupó un lugar destacado. Para 2026 predomina el cierre de ciclos y finalización de proyectos inconclusos, lo que el Gobierno considera clave para mitigar críticas recurrentes sobre obras detenidas.

Localidades con mayor asignación: vivienda, urbanismo y obras varias

El detalle de la planilla muestra que Caleta Olivia es una de las localidades más beneficiadas, con más de $4.400 millones, entre los que se incluyen los planes de 56 viviendas en sectores 5 y 6 por $269 millones y $870,7 millones respectivamente; la construcción del cuartel de Bomberos División 28 por $152 millones; y $2.942 millones en “obras varias”.

Puerto San Julián recibirá cerca de $2.300 millones para dos planes de 16 viviendas de $870,7 millones cada uno y $635 millones para infraestructura asociada. En Puerto Deseado, los fondos alcanzan los $870 millones para viviendas, más $400 millones para mantenimiento portuario, $47 millones para ampliación del cementerio, y cerca de $808 millones en obras varias.

En Río Gallegos, además de los cuatro planes de 56 viviendas por $1.086 millones cada uno, el IDUV financiará más de $490 millones para la remodelación de la guardia del Hospital Regional, $225 millones para obras en el modular sanitario de barrio San Benito y más de $770 millones para el SUM de la Liga Independiente de Barrios. La capital también registra proyectos de refacción escolar, obras de agua potable, sedes para asociaciones y edificios públicos, además de un nuevo crematorio por $32 millones y “obras varias” por $847 millones.

En localidades intermedias, como Cañadón Seco, el presupuesto asigna $1.755 millones para 10 viviendas. En Comandante Luis Piedra Buena, los fondos superan los $1.225 millones entre vivienda, infraestructura urbana y obras varias. En 28 de Noviembre se contemplan $1.045 millones en obras varias; y en Río Turbio, $1.236 millones.

Zonas rurales y localidades chicas también reciben montos específicos: $38 millones para Fitz Roy, $30 millones y $38 millones para Jaramillo, $13 millones y $26 millones para Koluel Kaike, o $29 millones y $171 millones para Tres Lagos.

Un esquema centrado en el IDUV y condicionado por la ejecución

El IDUV mantiene su rol dominante dentro del esquema, administrando prácticamente todas las líneas de inversión en vivienda, urbanismo y refacciones. También concentra obras descentralizadas, proyectos varios —que suman miles de millones— y una parte sustantiva de las intervenciones en escuelas, hospitales y clubes. Su centralidad facilita la coordinación técnica, aunque también abre interrogantes sobre su capacidad ejecutiva para sostener simultáneamente un volumen tan amplio de proyectos en un año con recursos restringidos.

El Ministerio de Energía y Minería destina montos moderados —como $35,4 millones en Pico Truncado y más de $90 millones en redes y ampliación de canales en Río Gallegos—, mientras que el Poder Judicial invertirá $350 millones en obras institucionales. La Policía Provincial incorpora $3,7 millones para reacondicionamiento edilicio, y organismos como Lotería o el Consejo Agrario Provincial figuran con montos menores.

La ejecución del plan podría verse condicionada por la dinámica del déficit general. En 2025, las críticas de intendentes como el capitalino Pablo Grasso giraron en torno a la falta de avances pese a las asignaciones elevadas, mientras que en 2026 persisten temores de que las urgencias salariales y de funcionamiento desplacen fondos originalmente destinados a obras. La continuidad de reclamos por distribución desigual también aparece en localidades como Gobernador Gregores, que recibirán $943 millones en obras varias.

Un año de obra moderada y orientada a cerrar proyectos inconclusos

El esquema general para 2026 mantiene una tendencia hacia una obra pública más acotada, dispersa y orientada a finalizar trabajos pendientes, con un fuerte protagonismo de vivienda y urbanismo, y una participación reducida de proyectos en sectores productivos como energía o minería. El contraste con los años anteriores es claro: mientras en 2025 la obra pública se expandió y la inversión creció, 2026 aparece marcado por la austeridad y la necesidad de sostener servicios esenciales.

Aun con montos limitados, el plan conserva elementos vinculados a la inclusión territorial, desde obras comunitarias en Río Gallegos hasta mejoras en Tres Lagos, refacciones en Lago Posadas o infraestructura deportiva en Los Antiguos y Koluel Kaike. En Comandante Luis Piedrabuena, las inversiones superan los $1.190 millones entre vivienda e infraestructura, mientras que en Las Heras se prevén $4.050 millones para el edificio de la Escuela Preuniversitaria, el monto más elevado dentro las obras a ejecutar.

El presupuesto 2026 consolida un mapa de obra pública que, aunque limitado por la crisis, busca sostener el ritmo en vivienda y servicios urbanos, equilibrar cargas entre localidades grandes y pequeñas y evitar que se profundicen las desigualdades territoriales en un año donde la inversión se ubica muy por debajo de la presión social que atraviesa la provincia.

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