21 de julio de 2025
RIO NEGRO
Investigan al intendente libertario de Allen, acusado de corrupción
El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación contra el jefe comunal y vicepresidente de LLA en Río Negro, Marcelo Román, y el empresario de medios, Sebastián Ocampo, por el presunto delito de peculado, a partir de una denuncia del Tribunal de Cuentas formulada el 26 de junio pasado

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro investiga al intendente de la localidad rionegrina de Allen, Marcelo Román, por el presunto delito de peculado. La investigación alcanza también a Sebastián Ocampo, un conocido dueño de medios de la localidad, quien está acusado de participar del delito de corrupción junto con el intendente, y de “usurpación de autoridad”.
La fiscal María Celeste Benatti inició la causa penal el 2 de julio pasado, a instancias de una denuncia presentada el 26 de junio pasado, por dos integrantes del Tribunal de Cuentas de Allen, que plantearon que Ocampo ejerció funciones propias del intendente sin tener designación formal en ningún cargo público. La denuncia indicó también que el empresario hace uso de un teléfono celular abonado por la municipalidad, con el aval del intendente.
Román llegó al poder en 2023, como candidato del radicalismo. A los pocos meses, se pasó a las filas de La Libertad Avanza y actualmente es el vicepresidente del partido que en Río Negro preside la diputada Lorena Villaverde.
Román y Ocampo están imputados por los presuntos delitos de peculado (artículo 261 del Código Penal) en calidad de autor para el jefe comunal y partícipe para el empresario, al que además se le suma el delito 246 inciso 1 que contempla al “que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente”.
En el marco de esta causa, el jueves pasado la policía de la provincia realizó varios allanamientos en propiedades de Ocampo, que es dueño de Radio Terapia y de un sitio web de noticias locales. El hecho que se investiga es si el intendente Román “sustrajo un teléfono celular perteneciente a la municipalidad para uso de Sebastián Ocampo, empresario de medios de comunicación, quien no tendría ninguna vinculación laboral con dicho ente municipal”. Además, quieren saber si Ocampo ejerció funciones públicas municipales “sin nombramiento alguno expedido por autoridad competente”. El período analizado comprende desde fines de 2023 hasta abril de 2025.
La investigación preliminar de la fiscalía se inició por la denuncia radicada por el Tribunal de Cuentas el 26 de junio pasado, con la firma de Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, ambas integrantes del organismo, y del asesor letrado Ezequiel Martínez, aunque en la presentación también figuran los nombres de Matías Piergentili (presidente del cuerpo) y Facundo Jara Godoy.