12 de junio de 2025
LEGISLATURA SANTA CRUZ
Polémica por un proyecto del oficialismo provincial que busca restringir protestas en escuelas
La iniciativa prevé multas, apercibimientos y hasta la intervención de fuerzas de seguridad en inmediaciones de establecimientos educativos durante el horario escolar. ADOSAC, ATE y legisladores opositores denuncian un intento de criminalizar la protesta docente
Un proyecto de ley presentado por el bloque oficialista Por Santa Cruz desató una fuerte controversia en la provincia, al proponer la prohibición de manifestaciones y protestas en las inmediaciones de escuelas públicas y privadas durante los horarios de clase. La iniciativa lleva la firma de los diputados Fabiola Loreiro, Santiago Aberastain, José Luis Quiroga y Cristian Ojeda, y plantea la creación de una “Ley de Protección del Entorno Escolar y del Derecho a la Educación sin Interferencias”.
Entre sus artículos, el proyecto establece que no podrán realizarse concentraciones, protestas, uso de bombos, megáfonos, ni ningún tipo de elemento que genere “ruidos molestos” a una distancia de hasta 200 metros de los accesos a los establecimientos educativos. Incluso se extiende la prohibición al uso de plataformas digitales institucionales para difundir reclamos o demandas políticas, sindicales o ideológicas.
La reacción gremial no tardó en llegar. ADOSAC, el gremio docente más representativo de Santa Cruz, expresó su “rechazo categórico” al proyecto, al que calificó de “profundamente regresivo” y denunció que busca “criminalizar el derecho a la protesta, la organización colectiva y el pensamiento crítico en los espacios educativos”. Desde la agrupación Lila del gremio señalaron que “se intenta imponer un silencio institucionalizado, como respuesta a una realidad educativa en crisis”.
El proyecto otorga al Poder Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y el Consejo Provincial de Educación, la autoridad para aplicar sanciones e incluso solicitar el auxilio de las fuerzas policiales para garantizar el cumplimiento de la norma. También contempla apercibimientos para directivos escolares, multas a personas físicas o jurídicas que interfieran en el entorno escolar, y la posibilidad de suspender personerías jurídicas a organizaciones “reincidentes”.
Desde ATE Santa Cruz también rechazaron en duros términos la iniciativa. “No vamos a permitir que nos sigan disciplinando con proyectos punitivos mientras las escuelas se caen a pedazos y los sueldos no alcanzan”, advirtieron. Y sentenciaron: “Sigan provocando, y vamos a convertir cada escuela en una trinchera de lucha”.
La diputada autora del proyecto, Fabiola Loreiro, exasesora del Consejo Provincial de Educación durante la gestión de Alicia Kirchner, defendió la propuesta asegurando que “no es prohibir, es poner orden”. La parlamentaria argumentó que “el derecho a estudiar sin interrupciones también debe ser garantizado y que el objetivo es “proteger a los alumnos del ruido y la violencia simbólica”.
Sin embargo, la iniciativa genera fisuras incluso dentro del arco político. Desde Unión por la Patria, la diputada y docente Lorena Ponce anticipó que su bloque no acompañará el proyecto y pedirá su pase a archivo. “Es inadmisible pensar que se puede silenciar el conflicto educativo por decreto”, sostuvo en declaraciones radiales, y cuestionó: “¿Dónde están las soluciones para las escuelas sin calefacción, sin internet, sin respuestas?”.
El proyecto de ley llega en un contexto tenso: recientemente hubo protestas en la Escuela 45 de Pico Truncado por problemas edilicios, y crecen las denuncias por precariedad en la infraestructura escolar. Mientras el gobierno de Claudio Vidal enfrenta reclamos por su política educativa, el intento de limitar las protestas parece encender aún más la conflictividad.
Desde ADOSAC, el mensaje fue contundente: “Porque la educación no necesita silencio, sino voces. No necesita represión, sino inversión. Seguiremos en las calles. Seguiremos enseñando a luchar. Porque sin lucha no hay conquista. Y con silencio, no hay educación”.