10 de junio de 2025
NEUQUEN
Formulan cargos por usurpación a lonko mapuche en conflicto por tierras de exjuez condenado
La Justicia neuquina imputó a Cecilia Maliqueo, referente de la comunidad Tuwvn Kupalmeo Maliqueo, por ocupación de un campo en Villa Pehuenia. La defensa mapuche alega derechos ancestrales, mientras la querella -patrocinada por el estudio Cúneo Libarona- insiste en la propiedad privada
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén formuló este martes cargos contra la lonko mapuche Cecilia Maliqueo por el delito de "usurpación continuada" de un campo de 829 hectáreas en Villa Pehuenia, que hasta 2021 perteneció al exjuez federal Pedro Duarte, condenado por crímenes de lesa humanidad. El fiscal Marcelo Jofré solicitó el desalojo inmediato, pero la jueza de Garantías Carolina González rechazó la medida cautelar y dio cuatro meses para la investigación.
El conflicto judicial se enmarca en una pulseada territorial que enfrenta a comunidades mapuches con propietarios privados y el Estado. Maliqueo, quien convocó a una movilización masiva para este martes frente al Juzgado de Zapala, denunció "intereses políticos y económicos" sobre las tierras: "Estamos fortalecidos y no nos intimidarán", declaró en un mensaje difundido por redes sociales. La comunidad mantiene ocupado el sector desde febrero, cuando instaló carpas y construcciones de madera tras dañar la tranquera de acceso.
En cuanto a la acusación, la querella, representada por el estudio Cúneo Libarona (del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona), sostiene que la ocupación fue "clandestina y violenta" (art. 181 del Código Penal) y que no existe reconocimiento del INAI sobre derechos comunitarios.
Por su parte, la defensa de Maliqueo afirma que el territorio fue ancestralmente mapuche y que días atrás se firmó un acuerdo cartográfico con el gobierno provincial para validar su posesión tradicional, amparada en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución.
En ese sentido, el caso revive tensiones como las de 2017 con la comunidad Fvta Xayen en Vaca Muerta, donde se evitó una condena mediante un acuerdo. Ahora, la decisión judicial podría sentar un precedente sobre cómo se resuelven estos conflictos en la provincia, donde persisten reclamos territoriales no resueltos y crece la presión de sectores empresariales y políticos.
Mientras la comunidad prepara su defensa jurídica y moviliza apoyos, la jueza González deberá dirimir si prima el derecho a la propiedad privada o el reconocimiento de la posesión ancestral.