10 de junio de 2025
REGION
Un canon hídrico, la clave para destrabar la licitación de las represas del Comahue
Las provincias de Río Negro y Neuquén lograron un entendimiento con el Gobierno Nacional, que permitirá avanzar con la reprivatización de las centrales hidroeléctricas sobre los ríos Limay y Neuquén. La Secretaría de Energía ultima los pliegos para el llamado a licitación
Neuquén y Río Negro cerraron un acuerdo con el Gobierno nacional para cobrar un canon del 1% cada una por el uso del agua en las represas del Comahue, allanando el camino para la licitación de las centrales hidroeléctricas que generan el 25% de la energía del país.
El entendimiento, confirmado inicialmente por el medio especializado Econojournal, resuelve un conflicto que postergaba la reprivatización de los complejos El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Planicie Banderita, cuyas concesiones vencieron en 2023.
El acuerdo fue alcanzado tras meses de negociaciones entre los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) y el Ministerio de Economía. Las provincias reclamaban una compensación por el uso de los ríos Limay y Neuquén, amparándose en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce su dominio sobre los recursos naturales. La Nación, por su parte, buscaba evitar impugnaciones judiciales que retrasaran el proceso.
De este modo, la Secretaría de Energía prepara los pliegos para una licitación que podría lanzarse en los próximos días. El nuevo esquema incluirá, además del canon, un precio regulado para el 95% de la energía destinada a usuarios residenciales (entre US$15 y US$20 por MWh), mientras que el 5% restante podrá comercializarse libremente en el Mercado a Término.
El conflicto había escalado en los últimos dos años, con leyes provinciales que establecían cánones más altos (5% en Río Negro y US$0,005 por m³ en Neuquén), aunque nunca reglamentados. La solución del 1% representa un punto intermedio que desbloquea la inversión privada, en línea con la política del Gobierno de reducir la participación estatal en el sector energético.