16 de mayo de 2025
RIO NEGRO
Piden absolución para integrantes mapuches en el juicio por usurpación en Villa Mascardi
Seis miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu enfrentan acusaciones por usurpación de tierras en la zona de Mascardi. La defensa denunció persecución política y cuestionó el accionar judicial. El veredicto se conocerá el 26 de mayo
El juicio federal por la presunta usurpación de tierras en Villa Mascardi, que tiene como acusados a seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, entró en su etapa final con los alegatos de la defensa, que solicitó la absolución de todos los imputados y denunció una persecución judicial y política contra el pueblo mapuche.
La causa, que tramita en un tribunal unipersonal a cargo del juez Alejandro Silva y se desarrolla de manera virtual, juzga hechos ocurridos entre 2019 y 2022 en predios pertenecientes a Parques Nacionales y a particulares en la zona del lago Mascardi. La fiscalía y las querellas —representadas por el Estado nacional y propietarios privados— solicitaron penas de entre dos y cuatro años de prisión, en algunos casos de cumplimiento efectivo.
El fiscal Rafael Vehils Ruiz acusó a Betiana Colhuan Nahuel, Jésica Bonnefoi, Luciana Jaramillo, Romina Rosas y Matías Santana de haber participado en tres hechos de “usurpación por despojo”. Para Celeste Güenumil, la imputación se limita a uno solo de los episodios, y se solicitó una pena menor.
Durante sus exposiciones, recolectadas por medios locales, los abogados defensores plantearon que no se presentaron pruebas concretas que vinculen a los acusados con los hechos denunciados. También remarcaron el carácter ancestral y espiritual del territorio ocupado y la existencia de derechos colectivos de los pueblos originarios, reconocidos por normas nacionales e internacionales.
Eduardo Soares, uno de los defensores, denunció la existencia de “supremacismo y racismo” por parte de los querellantes y del propio fiscal, y pidió al juez que no base su sentencia en esos argumentos. Fue luego amonestado por su lenguaje, aunque ratificó su reclamo: “Mis defendidos se están jugando cuatro años y medio de prisión”.
La abogada Laura Taffetani, en tanto, calificó el juicio como una “causa trucha”, al señalar que el desalojo de octubre de 2022 se basó en un expediente sin sustento, iniciado a partir de un supuesto incendio en una casilla de Gendarmería, hecho que no se les imputa a los acusados. “Esa causa sirvió de excusa para sacar por la fuerza a la comunidad, cuando ya existían procesos judiciales en curso”, afirmó.
Además, Taffetani cuestionó el intento de vincular un altar ceremonial mapuche (rehue) con un delito. “Se banaliza una expresión religiosa y se la usa como argumento para criminalizar”, advirtió. Su colega Virgilio Sánchez pidió al juez tener en cuenta el “concepto de pena natural” y evaluar el sufrimiento atravesado por las mujeres detenidas durante el proceso, una de las cuales —Rosas— incluso dio a luz mientras estaba privada de libertad.
La defensa insistió en que la comunidad no cometió usurpación, sino que realizó una reivindicación territorial legítima, guiada por normas culturales propias, incompatibles con el concepto de propiedad privada individual. También se criticó el accionar de Parques Nacionales y se recordó el antecedente del asesinato del joven Rafael Nahuel en el mismo conflicto territorial.
El juicio concluirá el 26 de mayo, día en que el juez Silva dará a conocer el veredicto tras escuchar las réplicas de las partes y las últimas palabras de los acusados.