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Jueves, 10 abril 2025
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10 de abril de 2025
CHUBUT

Entra en etapa final el juicio por los incendios en edificios públicos durante las protestas antimineras

Este viernes en Rawson se escucharán los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa. Dos imputados serán liberados tras cumplir prisión preventiva por faltar sistemáticamente a las audiencias

Entra en etapa final el juicio por los incendios en edificios públicos durante las protestas antimineras
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El juicio por los disturbios e incendios registrados en Rawson durante las manifestaciones antimineras de diciembre de 2021 ingresará este viernes en su etapa final, con la presentación de los alegatos de cierre por parte del Ministerio Público Fiscal y las defensas. La audiencia fue fijada para las 8 de la mañana y estará a cargo de la jueza Eve Ponce, quien también confirmó que ese mismo día recuperarán la libertad dos de los imputados que se encontraban detenidos por ausentarse a las audiencias.

Los imputados en este proceso son Brian Osvaldo Díaz, Gastón Velázquez, Lucas Alexis Espinoza Andrade, Nicolás Alejandro Díaz, Mauricio Naum Vargas, Damián Andrés Díaz, Lautaro Oscar Martínez y Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza. Estos dos últimos fueron detenidos esta semana luego de no haberse presentado reiteradamente ante el tribunal.

Durante la jornada de este jueves declararon los últimos testigos, principalmente efectivos policiales que participaron de las tareas operativas y de peritaje en los distintos edificios públicos afectados, entre ellos el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General, la Fiscalía de Rawson, el área de Finanzas de la Policía Provincial y la Casa de Gobierno.

También se incorporaron las pruebas documentales, incluidas las evaluaciones económicas de los daños, que en el caso del Superior Tribunal y el Ministerio Fiscal superan los 19 millones de pesos, según un informe del STJ presentado en febrero de 2023. En tanto, los daños a la Legislatura fueron estimados en más de 61 millones de pesos.

El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal general Florencia Gómez, mientras que las defensas están a cargo de los defensores públicos Miguel Moyano y Pablo Sánchez. La causa investiga los delitos de daños, incendio y robo agravado, vinculados a los hechos ocurridos en el contexto de protestas sociales contra la ley de zonificación minera, posteriormente derogada.

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