El presidente del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, Carlos Ramos, salió a aclarar la situación con la vocal por la minoría, Yanina Gribaudo, quien denunció que existe una embestida por parte del gobierno provincial a cargo de Alicia Kirchner para sacarla del cargo por su militancia dentro de la oposición.
La funcionaria había asegurado que buscan frenar las más de 200 denuncias e informes presentados por presuntas irregularidades en la administración pública (ver nota).
“No es la primera vez que la vocal tergiversa los hechos en este sentido”, señaló Ramos y destacó que de esta manera se daña “el trabajo de todos los que integramos el Tribunal de Cuentas”.
“Es de toda falsedad que se haya impulsado su apartamiento. Lo que se acordó, previo a que la vocal manifieste su postura al respecto, fue solicitar al Fiscal de Estado que emita opinión acerca de la participación política activa de un vocal del Tribunal en el mismo momento que se ejerce el cargo, considerando que los vocales tenemos los mismos derechos y obligaciones que los jueces, según la ley que nos rige hace casi 60 años. Es decir, no es una novedad esta situación y la ley no efectúa ningún tipo de excepción”, explicó el Presidente.
Además, Ramos aclaró que “existe una gran confusión” cuando se busca asimilar al Tribunal de Cuentas de Santa Cruz con el nacional ya que en la provincia el organismo “tiene funciones que van más allá de la emisión de informes de auditoría, ya que también posee funciones jurisdiccionales que se llevan adelante a través del juicio de cuentas”.
“Somos verdaderos jueces administrativos”, destacó e indicó que ello conlleva a que tengan las mismas prerrogativas y obligaciones que los jueces provinciales. “No resultaría razonable que siendo jueces a su vez sus miembros realicemos de manera activa política partidaria, más allá de la extracción y/o afiliación política”, sentenció y añadió: “La vocal entiende lo contrario, bueno es un debate que hay que dar y aclarar”.
Además, señaló que el Tribunal de Cuentas aprueba las cuentas públicas en el marco de un proceso que “debe garantizar el debido proceso que implica la imparcialidad del juzgador”.
Por último, aclaró que tanto él como las vocales fueron designados a propuesta del Ejecutivo pero que contaron con la aprobación de la Cámara de Diputados lo que “implica un significativo proceso institucional en el que intervienen dos poderes del Estado prestando su acuerdo”.
“Peyorativamente se nos menciona como vocales del oficialismo, cuando la ley es clara que el Tribunal de Cuentas sólo depende de la ley y la Constitución, solamente tenemos modalidades de ingreso distintas, pero una vez que juramos en el cargo, nos aplican todas los derechos y obligaciones comunes a cualquier juez”, finalizó.
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