RIO NEGRO
01/08
Esta semana comienza la causa Techo Digno: varios exintendentes imputados
Las audiencias se llevarán a cabo en las próximas dos semanas. La investigación pone la lupa en los planes federales de viviendas, que sumaron 80 millones de dólares, enviados entre 2013 y 2015 por Nación a los municipios investigados. Entre los imputados figuran el hoy diputado nacional Pedro Dantas, y los legisladores del FdT, María Eugenia Martini, Alejandra Mas y Daniel Belloso por sus gestiones en Campo Grande, Bariloche, Conesa y Choele Choel
Las investigaciones penales por los planes Techo Digno, iniciadas hace cinco años, comenzarán esta semana con los cargos de imputación para los exintendentes por la irregular utilización de esos fondos nacionales para la construcción de viviendas.

La investigación pone la lupa en los planes federales de viviendas, que sumaron 80 millones de dólares, enviados entre 2013 y 2015 por Nación a los municipios investigados. Entre los imputados figuran el hoy diputado nacional Pedro Dantas, y los legisladores del FdT, María Eugenia Martini, Alejandra Mas y Daniel Belloso por sus gestiones en Campo Grande, Bariloche, Conesa y Choele Choel. Figuran, además, dos actuales jefes comunales, como Renzo Tamburrini y Luis Ivancich, de Sierra Grande y Godoy.

La investigación pone la lupa en el uso público de casi 700 millones de pesos, enviados entre el 2013 y el 2015 por Nación a los municipios investigados. Esos desembolsos representaban entonces unos 80 millones de dólares. Los otros cuatro ex administradores alcanzados son Javier Iud, de San Antonio; Gilberto Montanaro, de Cervantes, Carlos Pilotti, de Río Colorado y Juan Reggiani de Fernández Oro. Las audiencias de imputaciones se cumplirán en las próximas dos semanas, distribuidas en las cuatro circunscripciones.

El martes 3 de agosto se abrirá en los tribunales de Roca con los expedientes de los planes de Cervantes, Godoy, Choele Choel y Río Colorado y continuará el miércoles 4 en Viedma con sus similares de San Antonio, Sierra Grande y Conesa. Seguirán después, el lunes 9, en Bariloche y, luego, el martes 10, en Cipolletti, con las denuncias de Campo Grande y de Fernández Oro.

Un elemento técnico es central en la evaluación. Se trata del relevamiento efectuado por el IPPV en el 2016 de las construcciones asumidas. Ese cuadro del estado de situación fue básico en la determinación del nuevo presupuesto y la gestión de su financiamiento, mayormente por parte de la Nación. Ese informe del avance real de las viviendas fue esencial en la indagación penal, a partir que se consignan que las ejecuciones eran inferiores a las certificaciones informadas por los municipios a la Nación y, en consecuencia, las transferencias recibidas superaban las que correspondían.

Recientemente, algunos ex jefes comunales afirmaron que ellos no firmaron esas documentaciones, a pesar de que se trataban de los planes administrados por sus gobiernos, pero no precisaron quién o quiénes eran los responsables de esa falsedad documental. Gran parte de esos excedentes fueron transferidos a las empresas, con pagos muy por encima de las construcciones comprobadas. Las conclusiones fiscales, con estudios contables, arrojan que los desembolsos de más promedian el 20%, con extremos por debajo del 10% y cercanos al 35%.

Esta megacausa judicial por el manejo de fondos estatales llegará -inicialmente- a diez funcionarios y once empresarios. En tanto, los políticos complicados se defienden que este accionar responde a una persecución judicial. Es una defensa repetida. Aún así, resta esperar que el proceso clarifique lo ocurrido realmente con esos dineros públicos. Mañana será la audiencia por una recusación de las defensas a la totalidad de los fiscales en los distintos expedientes. Se plantea un “temor de parcialidad” por “ausencia de autonomía” y “pérdida de objetividad en el marco de la investigación”.

Entre los argumentos, los imputados cuestionan que los fiscales “no están trabajando con la autonomía” ya que “responden a los criterios esbozados por sus superiores, más que a sus propias decisiones en función del conocimiento de la evidencia colectada” y hablan de lawfare rionegrino. El segundo cuestionamiento es la información periodística difundida de las causas, a partir que los defensores consideran que la misma fue filtrada por los fiscales, lo cual, “impone -dicen- una discusión mediática”, genera “imagen pública” e “implica un prejuzgamiento de los jueces”. Alude que “el suministro a la prensa de información tendenciosa sobre el imputado, cualquiera que sea, constituye la violación del derecho a la presunción de inocencia”.