12 de diciembre de 2025
RO NEGRO
Tensión en Cipolletti por el desalojo a una histórica familia que vive en la Isla Jordán
Por una denuncia de la municipalidad, hubo un fuerte operativo policial para abrir el paso en un terreno donde está asentada la familia Retamal, que terminó con personas demoradas y la confiscación de animales. Denuncian que hubo abuso de autoridad y violencia institucional
Un fuerte operativo policial, que incluyó el despliegue de fuerzas del COER y de la Brigada Montada, se desarrolló ayer en la Isla 3 de la Isla Jordán, en Cipolletti, donde reside desde hace décadas la familia Retamal, perteneciente a la comunidad mapuche.
Según la municipalidad que conduce Rodrigo Buteler (Juntos Somos Río Negro), que realizó la denuncia por presunta usurpación, ampliación irregular del área ocupada e impedimento de ingreso a organismos estatales, el objetivo del operativo policial era quitar una tranquera que colocaron los habitantes, que impide el libre acceso al río. Además de constatar la cantidad de personas, viviendas y animales que pertenecen a la comunidad.
Sin embargo, el lonko Carlos Retamal y su primo, Mauricio Retamal, fueron demorados durante unas horas en el marco de ese operativo. A los demás integrantes, no se les permitió el ingreso al territorio mientras duró la requisa, en el que les confiscaron a sus animales (caballos y ovejas), que son una fuente vital para el sostenimiento de la vida de la comunidad.
Orlando Carriqueo, representante de la Mesa Política de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, presentó una denuncia penal contra el fiscal Martín Pezzetta por “incumplimineto de los deberes de funcionarios público”. Señaló que el procedimiento llevado a cabo “implica graves violaciones a los derechos humanos”, ya que la notificación del desalojo no fue cursada a la comunidad ni a la CODESI (Consejo de Desarrollo de Comunidades, que depende del Ministerio de Gobierno provincial).
Agregó que el operativo se llevó adelante sin la presencia del SENAF, pese a la presencia de una niña de dos años, que quedó retenida en el predio cuando no dejaban ingresar a éste a su progenitora. También indicó que la resolución establecía que el operativo se realizaría sin la presencia del COER, pero fuerzas de este grupo especial operaron en el lugar, lo que constituye los delitos de “abuso de autoridad” y desobediencia a la resolución judicial.
Carriqueo remarcó en su denuncia que durante el operativo se violaron todos los convenios internacionales que resguardan los derechos de las personas indígenas.