El gobierno de Chubut acaba de prorrogar el Decreto que establece la Emergencia económica, financiera y administrativa en la provincia, por 18 meses más. Pero la normativa asegura que no afectará a los empleados públicos

Arcioni prorroga la Emergencia económica: ¿Afecta a los empleados públicos?

Este miércoles, el gobernador Mariano Arcioni prorrogó el decreto Nº 547, que establece la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa en toda la provincia de Chubut, por otros 18 meses.

A grandes líneas, el Decreto da pie a la suspensión de pagos “y otras contraprestaciones de obligaciones contraídas por el Estado Provincial, con anterioridad al 9 de julio.

De esta forma, Chubut continúa afectada por la crisis económica, que anteriormente generó recortes y retrasos en los pagos del sector público, como el de docentes y trabajadores/as estatales, quienes se volcaron en extensas protestas durante el 2019 y 2020. Sin embargo, la normativa deja en claro que la prórroga de la Emergencia Económica no afectará a los empleados que dependen de la provincia.

En su artículo 1º se puede leer que “quedará expresamente establecido que la precedente declaración no impedirá la realización de negociaciones colectivas previstas en la Ley X Nº 39, ni las que se lleven a cabo en el ámbito del Poder Legislativo y Judicial”, así como “por cuanto las disposiciones de la presente norma no autorizan en modo alguno la disminución de los rubros salariales ordinarios devengados de manera mensual y habitual que integran la remuneración de los empleados públicos”.

El Decreto aclara de todas formas que solo se tomará como excepción “a los que se integren de manera extraordinaria por su naturaleza o acto administrativo fundado por el titular de cada poder del Estado provincial”.

En donde sí el gobierno tomará reparos es con “pagos y contraprestaciones” con anterioridad al 9 de julio, ya que el plazo de 18 meses de prórroga de la Emergencia se tomará a partir del 15 del corriente mes.

“Se suspenden los pagos y otras contraprestaciones que correspondan a obligaciones contraídas por el Estado Provincial, con anterioridad al 9 de julio del 2021”, dice el decreto y especifica que “quedarán exceptuados, el pago de los haberes al personal del “Estado Provincial”, las prestaciones previsionales y de la Obra Social a cargo del Instituto de Seguridad Social y Seguros, incluidas las obligaciones determinadas por sentencias judiciales; las obligaciones provenientes del endeudamiento financiero, sea bajo la forma de títulos de deuda pública, bonos, letras de tesorería, préstamos bancarios y de organismos internacionales de crédito, deudas financieras con el Estado Nacional, avales, fianzas y garantías, constitución de fideicomisos, leasing y participación como fiduciante en fideicomisos financieros, entre otros articulados”.

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