Tierras protegidas: ¿orden o entrega?

Por Alejandro De Angelis 

Si hay algo que tiene Santa Cruz es tierra. Kilómetros y kilómetros de ella. Se trata de la segunda provincia más grande de Argentina. 243.943 kilómetros cuadrados de extensión, para poco menos de 400.000 habitantes. Tiene mar, tiene río, tiene montaña y playa. Mina y petróleo. Subsuelo y aire. Y también tiene, como no podía ser de otra manera, una disputa abierta por la explotación de la tierra.

Esa discusión escaló en los últimos meses, tras la publicación de una solicitada de la organización XR Patagonia, denunciando una avanzada del Gobierno provincial contra la protección de la naturaleza, por la sanción de la Ley 3692, que Emergencia en Materia de Posesión y Tenencia de Tierras Rurales prohíbe por un año, prorrogables a dos, la creación de nuevas áreas naturales protegidas.

Desde el Gobierno aseguran que se trata de un ordenamiento del suelo, necesario para conocer la realidad de la producción agraria santacruceña y mejorar las condiciones de producción. Desde las organizaciones lo ven como un cepo a los ambientalistas, que pugnan por la conservación del ambiente sin mayor intervención humana que la mera delimitación del territorio.

Detrás de esa tensión, lo que subyace es un debate por la matriz productiva de la provincia. Santa Cruz es una de las provincias con menor diversificación de recursos. La industria petrolera, la minera y el Estado, son los mayores motores de la economía. Muy por detrás su ubica el Turismo, y sus derivados.

La Corte habló

Dentro de la misma discusión por el destino de las tierras, en 2019 la Fiscalía de Estado de Santa Cruz presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una acción de amparo, solicitando que se declare “la nulidad y la inconstitucionalidad” de dos decretos firmados por el expresidente Mauricio Macri, que creaban reservas naturales silvestres en la provincia.

Las dos áreas totalizan unas 20 mil hectáreas y fueron donadas Kristine McDavitt,  viuda del magnate norteamericano Douglas Tompkins (The North FAce) y directora de la ONG Florea y Fauna. Por medio de sendas escrituras públicas, tanto la Administración de Parques Nacionales como la Agencia de Administración de Bienes del Estado aceptaron formalmente la donación, asumiendo el compromiso de declarar a los inmuebles como “Reserva Natural Silvestre”. Sin embargo, en el Gobierno santacruceño consideraban que avasallaba la jurisdicción provincial y creaba un peligroso antecedente.

En los últimos días, la jueza federal Marta Yañez declaró inconstitucional el decreto de Macri. En su fallo afirmó que la creación de la Reserva Natural Silvestre Patagonia por decreto implicó "una restricción considerable a la jurisdicción provincial sobre los territorios involucrados, sin haber existido una previa e insoslayable cesión por parte de la Legislatura provincial".

Lo resuelto por Yañez sentó un precedente para la provincia y el territorio argentino. Se trata de un impedimento judicial ante la operatoria de organizaciones ambientales que, con un fuerte apoyo económico detrás, buscan determinar por el destino de las tierras producto de su gran poder de compra. Sin embargo, el hilo entre la soberanía exigida por las provincias y el derecho del legítimo dueño a definir el destino de su terruño, deja abierto un campo de interpretación en el derecho, que aún debe zanjarse.

¿Tierra arrasada?

Una de los fundamentos sobre los que se apoya la solicitada de la organización XR Patagonia, es en el que indica que según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, Santa Cruz sufrió la degradación del 34% de sus hectáreas productivas en los últimos 16 años. Además, aseguran que el INTA estimó que el 77% del suelo se encuentra en estado de desertificación grave o muy grave.

Respecto de las últimas cifras, funcionarios provinciales consultados por La Tecla Patagonia ponen sus reparos sobre la veracidad de los números, que consideran fueron tomados de estudios realizados hace 30 años, y no reflejan el escenario actual agrario. “Antes los productores no sabían cómo cuidar la tierra, porque nadie se los había explicado”, cuentan, y aseguran que eso cambió de un tiempo a esta parte.

Aunque desde el oficialismo lo nieguen, más allá del necesario relevamiento, la cuestionada Ley no deja de significar un guiño para los productores, que desde hace un tiempo alertan sobre el avance de las organizaciones ambientalistas que, detrás de un noble fin como lo es la conservación del ambiente, avanzan sobre el territorio y operan para desplazar a productores y antiguos propietarios.

En esa disputa, por la propiedad de la tierra y por la matriz productiva, donde unos ponen los animales para su faena y los otros el paisaje para ser contemplado por turistas, el Gobierno eligió un lado. Paró la pelota por dos años, y evitó el avance de las ONG ambientalistas que, financiadas con aportes de dinero extranjero, están dispuestas a continuar con la ampliación de las zonas protegidas. Mientras tanto, Alicia Kirchner pidió orden en la sala, y llamó a un cuarto intermedio. 

  
JAVIER DE URQUIZA - CONSEJO AGRARIO SANTA CRUZ

“La ley trata de tomar el tiempo necesario para un ordenamiento”

El titular del Consejo Agrario santacruceño, Javier de Urquiza, aseguró en diálogo con La Tecla Patagonia que se trató de “una Ley que la Legislatura promulgó el año pasado, que se publicó en el Boletín Oficial en enero que apuntaba a una relativa prohibición hasta que se haga un ordenamiento”. En tal sentido, el funcionario consideró que “el ordenamiento es necesario porque estaba ocurriendo que había un avance de estas ONG´s sobre distintos establecimientos rurales en la provincia. Lo que se trató de hacer es una prohibición temporaria, por un año prorrogable por otro más, hasta que se hiciera un buen relevamiento que permitiera después armar un programa de desarrollo agropecuario”.

En esa línea, De Urquiza afirmó que “estas organizaciones tienen esta costumbre de hacer compras y no respetar las propias facultades que tienen las provincias. La Suprema Corte dio para atrás a una declaración de una reserva natural silvestre que había hecho Flora y Fauna sin cumplir lo que dice la Ley. Esta norma lo que trata es de tomar el tiempo necesario para un ordenamiento, que ya está en curso. Hay mucho información ya obtenida, y lo que hicieron algunos diputados fue presentar un proyecto para cumplir con la prorroga”.

Por otra parte, el funcionario aclaró que “que digan que esto lo está impulsando el Consejo Agrario no tiene nada que ver”, y recordó que “hubo una demanda de los productores agropecuarios”. Asimismo, remarcó que “nosotros tampoco hicimos una solicitud de que se prorrogue. Esta gente cree que porque tiene plata y maneja los medios, y puede hacer escritos de este tipo, puede hacer cualquier cosa. Y yo no estoy dispuesto a que se diga cualquier cosa, que se agreda a la propia Gobernadora y al Gobierno de la provincia”.

LA OPOSICIÓN APUNTA AL GOBIERNO 

En comunicación con este medio, desde la UCR manifestaron su lectura respecto de la disputa abierta entre las organizaciones ambientalistas y el Gobierno. Cuestionan que De Urquiza “defienda solo a los ganaderos y no cumpla su verdadero rol”, y lo señalan como el responsable de que “no haya presupuesto para realizar los planes de manejo y protección de las áreas protegidas de la provincia”. Y denuncian: “el Gobierno no protege las reservas naturales y en cambio saca una norma para que no se creen nuevas. Claramente esta de un solo lado de la mesa”.

MIGUEL O’BYRNE - PRESIDENTE DE FIAS

“Surgió por el atropello de la ONG Flora y Fauna en el noroeste de Santa Cruz”

El titular de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas (FIAS), Miguel O´Byrne, aseguró a La Tecla Patagonia respecto de la ONG que “es un grupo, que ni siquiera es muy técnico, porque carece de rigurosidad técnica y entra en un montón de suposiciones con información bastante inventada. Es mal intencionado el enfoque que tiene”.

Asimismo, resaltó que la Ley 3692 “se creó en la Legislatura para darle a la provincia un lugar para hacer un ordenamiento que no tiene, un plan estratégico. Mal puede ser tomada como una ley para proteger a los productores, porque habla de todo. De que tiene que ser abarcativa, no solamente por el Consejo Agrario, Producción, Ambiente y luego compartir con el resto de la sociedad”.

En tal sentido, recordó que “esto surgió por la forma atropellada de la Fundación Flora y Fauna en el noroeste de Santa Cruz, desde 2015 que están trabajando en la creación del parque, pero fundamentalmente en la creación de las tres reservas naturales silvestres que firmó Macri sin permiso de la provincia. De eso se está hablando y esa es una de las razones por las que nace esta ley. Para hacer una pausa y que las cosas de Santa Cruz se decidan por los santacruceños, para empezar”.

O´Byrne insistió en que “es muy poco serio el trabajo de la ONG, lo único que hacen es trata de sembrar mentiras para llamar la atención. Hoy el escenario de las tierras no es el que describen. Respecto de la desertificación, según el INTA la tendencia en los últimos años es levemente positivo, no negativa. Es exactamente al revés de lo que dicen”, y aclaró que “lo que no se hizo en 140 no lo van a hacer en 12 meses, y menos con una pandemia de por medio. La prorroga es automática”, y agregó que “lo que se tiene que hacer, y no se hizo hasta ahora, es reglamentar la Ley”.  



XR PATAGONIA

“La ley agrava la situación y sienta un precedente peligroso”

La organización ambientalista XR Patagonia, respaldada por otras 40 ONG abocadas al tema, emitió un comunicado donde consideraron que “en un contexto de crisis climática, ecológica y sanitaria sin precedentes a nivel global, prohibir la protección de la naturaleza, es una ley inaceptable que debemos revertir. La 3692 no hace más que agravar la situación y sienta un antecedente muy peligroso a nivel nacional e internacional”.

En tal sentido, los firmantes exigieron que se derogue la norma, y advirtieron que “Santa Cruz sufrió la degradación del 34% de sus hectáreas productivas en los últimos 16 años de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario; y el INTA estimó que el 77% del suelo se encuentra en estado de desertificación grave o muy grave”.

Asimismo, consideraron que “esta situación ambiental es más sensible aún con la gestión de las áreas protegidas de Santa Cruz a cargo del Consejo Agrario Provincial. Irónicamente, el sector privado está a cargo de cuidar la salud de la vida silvestre y de las tierras públicas de todos los santacruceños. Lejos de ser idóneo para el puesto, su director vela por los intereses de una actividad que ha dejado a la Patagonia simplemente desierta”.

“La Ley 3692 agrava la situación”, aseguraron, al tiempo que sentenciaron: “esta prohibición no sólo afecta al ambiente sino a la misma producción, a la que vez que evade y profundiza el problema de fondo”.