Tras la nota publicada ayer por La Tecla Patagonia donde empleados denunciaron que el hijo de Martín Bortagaray y un amigo suyo, percibirían los haberes sin trabajar, ahora se suman nuevas acusaciones contra al menos cinco empleados de la delegación sur que además fueron condenados por hechos de corrupción

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Empleados de la delegación sur del Instituto Provincial de la Vivienda se comunicaron con La Tecla Patagonia luego de la nota publicada ayer en la que se señaló que el hijo del exministro de Familia y extitular del IPV, Martín Bortagaray, y un amigo, seguirían percibiendo sus salarios a pesar que haría al menos un año que no se presentan a trabajar. Se trata de Maximiliano Bortagaray y Claudio Evans Gómez.

Los trabajadores de la delegación sur confiaron a este medio que allí habría al menos cinco personas en condiciones similares. Es decir que cobrarían sus remuneraciones sin prestar servicio alguno. Estas cuatro personas figuran como adscriptas en otras dependencias ya que tienen una prohibición de acercamiento al edificio del IPV porque fueron condenas por hechos de corrupción.

Se trata de Anita Caro, Vanesa Medina Consoli, Alejo Recalde, Fabiana Onieva y Darío Acosta quienes junto al exdelegado Abel Reyna y a otros empleados como Raquel Antimilla y Claudia Leonori fueron sentenciados por corrupción, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público en el marco de la causa del IPV delegación Comodoro Rivadavia. La maniobra que pudo comprobar la Justicia implicaba que Reyna en connivencia con un grupo de empleados falsificaba datos personales para adjudicar viviendas en el plan del Barrio Ciudadela a personas que no cumplían con los requisitos exigidos.

Los hechos ilícitos habrían sido cometidos entre el 30 de diciembre de 2011 y hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

A excepción de Reyna y a pesar de las condenas, todos los acusados figuran como empleados en las nóminas del Estado provincial. Los trabajadores de la delegación sur del IPV que se comunicaron con La Tecla Patagonia, aseguraron que únicamente dos de ellos prestarían actualmente servicios a cambio de los sueldos que perciben. Señalaron en este sentido a Raquel Antimilla quien figura adscripta en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y a Claudia Leonori – quien fuera asesora letrada de la delegación del IPV- también adscripta en ese nosocomio como abogada.

En tanto sentenciaron como “ñoquis” a los cuatro empleados restantes. Darío Acosta – acusado de liderar la banda junto al delegado Reyna en la causa por corrupción- está adscripto a Lotería y, según denuncian, haría al menos dos años que no se presenta a trabajar. En las nóminas figura con un sueldo de más de 36 mil pesos.

Anita Caro, quien figura como adscripta en la Legislatura provincial con un sueldo de $55.570,76, tampoco cumpliría con sus labores. Igualmente Fabiana Onieva, también adscripta al Palacio Legislativo con sueldo de $54.945.

Alejo Recalde quien figura adscripto también en el Hospital aunque aseguran que nunca se presentó allí. Su sueldo asciende, según los registros oficiales a $67.712. Aseguran que además desempeña labores en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, donde sí asistiría.

Por último, Vanesa Consoli, quien figura adscripta en el sector Farmacia del Hospital Regional pero a quien haría más de dos años que nadie ve. Se le habría dado la baja a su adscripción por resolución aunque sigue cobrando $29.923, según consta en el portal abierto del Gobierno del Chubut.

Los empleados de la delegación sur entienden que producto de estas situaciones de "irregularidad" no se permiten nuevos ingresos y además se destina dinero a personas que no están cumpliendo con sus funciones. En este sentido remarcan que en la Delegación son pocas personas las que trabajan y que desempeñan múltiples labores.

En abril del presente año mediante una nota presentada por los delegados de ATE se reclamó ante las autoridades del Instituto por estas situaciones de anomalía. A la fecha, los agentes cuestionados siguen cobrando sus salarios.

SANTA CRUZ

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