Más allá de la función pública y de la política, varios de los referentes del Movimiento Popular Neuquino son miembros o propietarios de empresas. El caso más polémico es el del senador y titular del gremio petrolero, Guillermo Pereyra, quien enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta

Por Sebastián Simonetti y Mariela Branda

En Argentina no existe regulación sobre las actividades privadas que pueden desarrollar los funcionarios públicos y/o políticos. Lo único que se establece en la Ley Nacional de Ética Pública (Nro 25.188) son parámetros en cuanto a la relación de las empresas de los funcionarios con el Estado. En el capítulo V de la mencionada se establecen las incompatibilidades y conflictos de intereses. Se establece que es incompatible con la función pública:

“a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;

b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones”.

Sin embargo el control que existe sobre este tipo de cuestiones muchas veces es insuficiente y ejercido por los propios medios de comunicación. Los órganos de contralor y las oficinas anticorrupción suelen responder al color político de turno tiñendo la labor que deberían emprender.

En el caso de la provincia de Neuquén, la Oficina Anticorrupción propuso una serie de cambios a la Ley de Ética Pública vigente para establecer controles más arduos en lo inherente a la función pública.

Entre los cambios propuestos se establecen:

Conflictos de intereses

Se establecen estándares más estrictos y obligaciones adicionales para los funcionarios de mayor jerarquía, regulándose –particularmente-la tenencia accionaria en empresas sujetas a su control y regulación.

Los diputados y senadores deberán comunicar ante la Cámara sus intereses particulares que tengan vinculación con las cuestiones que deban ser tratadas en el recinto.

Autoridad de aplicación

Se prevé la creación de una autoridad de aplicación para cada poder del Estado y el Ministerio Público fiscal. Actualmente sólo tiene el Poder Ejecutivo (la OA).

Se establece que la conducción de las autoridades de aplicación estará a cargo de un funcionario designado mediante un procedimiento de selección público, abierto y transparente que garantice su idoneidad.

Declaraciones Juradas

Los funcionarios de mayor jerarquía deberán presentar información adicional que permita una adecuado control de sus vínculos personales y profesionales (nombre de padres, hijos mayores y hermanos, socios comerciales y profesionales -actuales y de los últimos tres años-, cotitulares de sus bienes, etc.).

Al funcionario que incumpla con la presentación de su DDJJ inicial o anual se le retendrá el 20% de sus haberes. Quien adeude una presentación al momento de cesar el cargo no podrá volver a la función pública durante 5 años.

Hasta el momento no se ha avanzado en la Legislatura provincial con estas modificaciones. En las últimas elecciones legislativas nacionales (año 2017) ninguno de los candidatos del MPN presentó sus declaraciones juradas, tal cual lo prevé la norma nacional.

En este contexto resulta útil conocer las actividades privadas de los principales referentes del partido que gobierna la provincia de Neuquén desde hace más de 58 años.

El gabinete de Omar Gutiérrez

De los actuales integrantes del Ejecutivo de Omar Gutiérrez, hay varios que tienen actividades comerciales vinculadas en el pasado y otros en la actualidad.

En el caso del ministro Mariano Gaido, los registros comerciales indican que su actividad principal es “servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes urbanos propios y/o arrendados”. Además de “locaciones de servicios”. No figuran sociedades inscriptas a su nombre.

El ministro de Economía, Norberto Bruno, declaró como actividad principal “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”. Bruno figura como socio principal de Raising SRL, una compañía creada en el año 2015 que se dedica a “la industrialización, comercialización y distribución de paneles, bloques y lozas para la construcción en seco, brindando servicios de construcción y asesoría tendientes a promover la utilización de los productos por ella fabricados. Estas actividades podrán ser desarrolladas por ella en forma directa o asociada a terceras compañías”.

Bruno también tiene participación como socio en la empresa Frutos Rojos Patagónicos SRL. La compañía se dedica a “la actividad agropecuaria en todas sus etapas, en establecimientos propios o de terceros, desde la siembra y/o plantación de toda clase de especies vegetales, en especial frutas de pepa y carozo, hasta la cosecha, acopio, envase y/o fraccionamiento de sus productos, industrialización, comercialización y transporte de los mismos, y todo otro servicio relacionado directa o indirectamente con los mencionados, pudiendo ejercer a todos estos efectos las actividades de comisionista, mandatario, consignatario y representante”.

En cuanto a la ministra de Turismo de la provincia de Neuquén, Marisa Focarazzo, no figuran sociedades anónimas a su nombre. Su participación en empresas se da en compañías de origen estatal como Artesanías Neuquinas SE y Agencia Provincial para el Desarrollo. Como actividad principal, la funcionaria declaró: “Servicios generales de la administración pública”.

En similar situación se encuentra la responsable de la cartera de Educación, Cristina Storioni. Ella tampoco registra empresas a su nombre. Como actividad principal declaró ante AFIP la de “servicios personales”.

El ministro de Ciudadanía, Gustavo Alcaraz, tampoco figura inscripto en sociedades anónimas. De igual manera el funcionario responsable de la cartera de Producción, Facundo López Raggi.

El ministro de Salud, Ricardo Corradi Diez, de profesión bioquímico, declaró como actividad principal “servicios de prácticas de diagnóstico en laboratorios (Incluye análisis clínicos, bioquímica, anatomía patológica, laboratorio hematológico”. Corradi Diez figura como accionista de la Clínica Cutral Co y socio de Cutral Co Medicina Laboral SRL cuyo objeto social es: “dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros a la actividad de prestaciones de servicios en el ámbito de la medicina laboral en todas sus expresiones para empresas privadas, entes estatales y para estatales, cooperativas, entidades autónomas o autárquicas y para toda persona física o jurídica que lo requiera, pudiendo ejercer a todos estos efectos las actividades de comisionista, mandatario, consignatario y representante”.

Sobre mediados del año pasado, los trabajadores de la Clínica Cutral Co, protagonizaron varias protestas en relación a los despidos que se venían dando en el nosocomio. En varias entrevistas periodísticas, los trabajadores señalaron al Ministro como el dueño de la clínica.

El joven ministro de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno, Juan Pablo Prezzoli, declaró como actividad principal la de “servicios jurídicos” y no registra compañías a su nombre.

De igual forma el ministro de Energía, Alejandro Monteiro que tiene declarada como actividad la de “servicios personales”.

El ministro de Seguridad y Ambiente, Jorge Lara, declara ante AFIP como actividad principal “servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia y/o terceros con bienes urbanos propios y/o arrendadores”. Sus únicas participaciones en empresas son en Corfone S.A, la compañía con mayoría de capitales de la provincia, dedicada a la forestación y en la Zona Franca de Zapala. En ambos como presidente.

El titular del Copade, Sebastián González, también figura en el directorio de la Corporación Forestal Neuquina. Su actividad declara es “servicios para la regulación de actividades sanitarias, educativas, culturales y servicios sociales”.

El secretario general de la Gobernación, Leonel Dacharry, declara como actividad comercial “servicios de arquitectura, ingeniería y servicios técnicos”. No posee acciones en empresas.

Hellriegel Soto, asesor general de Neuquén, declara como actividad principal “servicios jurídicos” y tampoco posee compañías a su nombre.

El ingeniero, Ricardo Esteves, subsecretario de Obra Pública de la provincia, declaró como actividad principal “servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados”. Esteves figura como accionista de Comahue Golf Club S.A y fue director hasta 2012 de esa sociedad. Anteriormente ocupó el puesto de vicepresidente.

Legisladores provinciales y nacionales

La senadora nacional por el MPN, Lucila Crexell, declaró como actividad principal ante AFIP “servicios personales” y “servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes urbanos propios y/o arrendados”. Crexell, figura como socia de la empresa Interjurídica SRL, creada en el año 2009 y cuyo objeto social es “el ejercicio de comisiones, mandatos, representaciones, servicios a particulares a profesionales y entidades públicas, y gestoría en general”.

El diputado provincial, Maximiliano Caparroz, figura entre los accionistas de la empresa Pervar S.A, dedicada a la distribución de productos avícolas. Caparroz renunció a la presidencia de la compañía en el año 2010. En el actual directorio figura Pablo César Caparroz, familiar del diputado.

Otro diputado del MPN que tiene participación en sociedades anónimas, es Carlos Koopmann Irízar, quien además es candidato a la intendencia de Zapala y hermano del candidato a la vicegobernación, Marcos. Su nombre figura entre los accionistas de El Super SRL, propiedad de la familia. La compañía de dedica a la “ venta, mantenimiento, reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. Comercio al por mayor y menos, reparación de vehículos automotores y motocicletas”.

El polémico caso del senador Pereyra

Guillermo “Caballo” Pereyra es uno de los referentes históricos del Movimiento Popular Neuquino y ostenta además el liderazgo del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Dirigente gremial desde hace años, no siempre mantuvo buena relación con el oficialismo. Supo tener sus cruces con la familia Sapag y hasta compitió contra ellos con listas en las ya tradicionales internas del MPN. Sin embargo, desde hace un tiempo cosecha una buena relación con el Gobernador Omar Gutiérrez, incluso se unieron para ganar la disputa partidaria a fines del año pasado. Pero también tiene un largo curriculum de empresas familiares y causas en su contra.

En el universo del petróleo, uno de los negocios más rentables es el del transporte y allí puso el ojo pero también la bala el clan Pereyra. A comienzos del 2001 el Caballo se lanzó en otra de sus carreras y fundó la empresa Transporte Horizonte SRL. Al año siguiente transfirió la sociedad a su ex esposa, Norma Martínez, con quien cultiva una buena relación. En 2003, la compañía mutó a Soitué SRL, creada por Martínez pero ya con el estreno en sociedad de los hijos fruto del matrimonio con el líder sindical: Martín, Flavio y Paola.

Por aquel entonces, la flamante empresa agregaba a su tradicional servicio de transporte de combustible el de “pasajeros y carga”. Casi una década más tarde, en 2012, la firma ampliaría el espectro a “inspección técnica obligatoria de transporte de pasajeros y carga”. Paralelamente, en 2007 ya se había extendido la “familia Soitué” con Transportes Soitué SA dedicada al “servicio de transporte de pasajeros y carga” con el agregado de “preparación y limpieza de tanques de petróleo y cañerías”. En el derrotero empresarial de la ex esposa de Pereyra figura también la empresa VDN SA, propiedad de Claudio Urcera, donde Martínez fue presidenta durante el 2012 y su hija directora suplente ese mismo año.

Flavio es el hijo mayor de Guillermo Pereyra y si bien heredó la militancia gremial de su padre, la volcó sobre su pasión, que luego fue también su vocación empresarial: la tecnología. Así fue como en 2015 dio el salto y fundó Volta SRL, empresa dedicada a dotar de infraestructura tecnológica a edificios privados y públicos y digitalización documental. Y no podía faltar el agregado “dar soluciones en servicios generales a industrias del petróleo”.
La hija del medio, Paola, puso su atención empresarial en el mundo de la salud. En febrero del 2017 fundó Maper Salud SRL cuyo objeto social es la “compra, venta, exportación e importación de elementos descartables, implantes medicinales y cosméticos”. También se ocupa de la “limpieza, desinfección de equipamiento médico, odontológico y de laboratorio”. Dentro del rubro figura también la empresa Strane SA, creada en 2013 por su madre, que se dedica a “administrar auditorías de farmacias, consultorios y clínicas destinados a la atención de particulares, obras sociales y medicina prepaga”.

Martín es el menor de la familia y es quien sigue sus pasos en política. Diseñador gráfico de profesión, también supo abrirse paso en el mundo de los negocios a través de la consultora de impacto ambiental Servantec SA, dedicada a “servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas”, amén de “servicios de arquitectura e ingeniería”. Asimismo, en 2016 fundó una empresa más ligada a lo suyo Ibuky SRL, una consultora de publicidad, marketing y comunicaciones, además de “diseño de logos y sitios de internet”.

A pesar del ascenso meteórico del Caballo Pereyra, su éxito económico ha levantado sospechas en el universo político y judicial. En principio, el líder sindical es investigado en tres frentes: uno asociado a los vínculos entre empresas familiares y el sindicato mediante cuantiosos contratos, incluso vinculados a YPF; otro apuntado al cobro de retornos en una dudosa contratación de una consultora por parte del sindicato que terminó contratando al propio Pereyra y miembros de la junta directiva; y también enfrenta una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, ya que su patrimonio creció de manera exponencial durante los últimos años.

La primera de las mencionadas está bajo la órbita de la justicia federal y es llevada adelante por el fiscal Carlos Rívolo quien aseguró que “mientras Pereyra era director suplente de YPF, la empresa cuyo directorio integraban su ex mujer y su hija –VDN S.A- recibía fondos directos de la propia YPF, y aún lo haría”. Rívolo también sospecha que estos vínculos podrían tener relación directa con el retorno del dinero con el que beneficiaba a empresas amigas desde YPF. En tanto, el registro que motivó la denuncia por enriquecimiento ilícito fueron las declaraciones juradas presentadas por Pereyra, donde pasó de declarar $1.763.270,00 como ganancias en el año 2012 (año en el que ingresa a YPF), a $5.589.038,92 en el año 2016".

Por último, la causa en la que se investiga una presunta triangulación de dinero entre el sindicato de Petroleros Privados y La empresa International Consulting and Tecnology SA (IC&T), dedicada a servicios empresariales y que recibe ingresos mensuales por parte del gremio en concepto de “lobby institucional, apoyo técnico y consultoría integral”. Luego, el propio Guillermo Pereyra y parte de la junta directiva le facturan a IC&T honorarios por servicios profesionales o “personales”. Es decir, el sindicato contrata una empresa que a su vez contrata a los líderes del gremio. Sospechoso como mínimo.

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