Política Provincial
21 de julio de 2011
NEUQUEN
Flojitos en matemáticas
El secretario de Estado de Educación, Ernesto Seguel, fue denunciado por no rendir 50 millones de pesos. A la presidenta del Consejo, Patricia Ruiz, la acusan de autorizar dobles sueldos y de contratar familiares ¿Neuquén se va a marzo?
Si la mesa examinadora estaría en uno de los despachos de la Legislatura o en la sede de una entidad gremial, la calificación sería un aplazo. De eso no existen dudas. Pero si los evaluados tuvieran oportunidad de defenderse, dirían que han hecho bien los deberes y que esa nota es injusta…
“Matemáticas” y “conducta”. Esas son las materias en que las máximas autoridades de la Educación neuquina andan supuestamente flojas. Al punto que el secretario de Estado, Ernesto Seguel, ha sido denunciado por no rendir los 50 millones de pesos del Fondo de Emergencia, y a la presidenta del Consejo Provincial, Patricia Ruiz, se la acusa de autorizar dobles sueldos y de tener a su consuegra como proveedoras de ese organismo.
Uno más uno
El primero de los casos tiene que ver con el cobro de dos sueldos por parte de funcionarios a los que no les alcanzaría el tiempo para atender ambas responsabilidades. Al parecer, son varios los que estarían en esa situación, pero uno de los que irían de cabeza a marzo es el director general de Sueldos del Consejo Provincial de Educación, Marcelo Bastías.
Según dijo a La Tecla Patagonia el secretario General de la CTA neuquina, Carlos Quintriqueo, “el profe” también combra como secretario de la Escuela de Bellas Artes y eso le permitiría redondear un ingreso de 11 mil pesos mensuales.
“Una afectación de estas características debería ser por un tiempo determinado, pero por lo que vemos se ha convertido en moda”, dijo el dirigente sindical y agregó: “Encima los cargos de escuelas que se les asignan a los funcionarios de la planta política son cubiertos por otros trabajadores que realmente los cumplen las taeras y que obviamente cobran por ellas”. Dicho en de otra manera, dos personas y sendos haberes para la misma función.
¿Cuántos son? Le preguntó La Tecla Patagonia, y esto fue lo que dijo: “Por lo que venimos rastreando, las afectaciones de este tipo representan unos 24 millones de pesos al año”, en un sistema que se ha caracterizado tanto por los reclamos edilicios (establecimientos que no están en condiciones para el dictado de clases), como por las demandas salariales (por parte de los docentes que promedian los 2.800 pesos, en el caso de los recién ingresados y los 3.400 cuando acumulan cinco años de servicios).
En la denuncia pública -que en pocos días tendrá su correlato judicial- también se mencionó a la directora de Control de Auxiliares de Servicios, María Montiveros, quien “gracias a la afectación de su cargo en la escuela de Pilo Lil estaría redondeando los 11 mil pesos”. Es decir, más que los 8.943,22 de bolsillo que cobró en mayo último el mismísimo Seguel.
Hay más. Montiveros reemplazó a Ana Soto quien fue asignada al Archivo, sin que al parecer dejara de percibir los honorarios de su ex cargo político.
El gremio tiene un largo listado de nombres que incluirá en su denuncia penal. “Esperemos que la Justicia se mueva, pero lo cierto es que ningún fiscal ha actuado de oficio tras nuestras declaraciones públicas…. Parece que no les llama la atención que se hable de acciones supuestamente ilegales en el ámbito de la administración pública. Quizá estén mirando para otro lado”, ironizó Quintriqueo.
¿Qué dice Ruiz? Que lo de Bastías “es absolutamente compatible desde lo horario”, que “son dos cargos que viene cobrando desde hace más de quince años” y que no cree que con ambos pueda llegar a los 6 mil pesos mensuales.
“Por otro lado, tenemos muchas afectaciones, esto es real. Las direcciones de nivel están a cargo de directores o supervisores de escuelas. El cargo de dirección de nivel es un cargo que en lo que se refiere al cobro, a plata, es menor que lo que percibe un director o un supervisor de escuela. Por lo tanto le afectamos ese cargo, pero no cobra el cargo de director de nivel, cobra sólo el cargo afectado, esto no es un doble cargo”, dijo Ruiz y en diálogo con este medio agregó: “Hay muchas afectaciones, pero yo lo he dicho y lo reitero ¡Se puede investigar porque no hay nada oculto en esto!”
La funcionaria no fue acusada de cobrar doble sueldo, sino de autorizarlos y de contratar a su consuegra, Aída Wilson, como proveedora del Consejo ¿Qué le vende? Tizas e insumos para computación. Pero además le alquila autos. Para sus detractores: “Cero en conducta” y una posible ilegalidad, que ella misma desestimó.
Cincuenta razones
La que aplaza a Seguel es la diputada provincial por Libres del Sur, Paula Rayen Sánchez, quien presentó una denuncia judicial para que se investigue en qué se invirtieron los 50 millones de pesos que ingresaron a “su” organismo bajo el título de Fondo Provincial de Emergencia Educativa.
Esto es lo que dijo la legisladora al ser consultada por La Tecla Patagonia: “La denuncia llegó después de varios intentos de obtener información respecto de cómo se ejecutaron los fondos extraordinarios que eran para resolver los problemas edilicios y de insumos que padecían las escuelas en 2010”.
Recordó que “por ley se estableció que Seguel tenía que enviar un informe mensual a la Legislatura, pero nada de eso ocurrió”. Agregó que a raíz de eso pidieron un informe en diciembre último y como no obtuvieron respuestas, volvieron a insistir. “Recién en marzo y como única respuesta recibimos una nota de tres hojas donde en términos generales se informaba que una parte de esa plata ($ 1,6 millones) se había gastado en vales de combustible y viáticos de personal; mientras que otros $ 28 millones se habían girado al Consejo para cubrir gastos de luz, internet, transporte, calefacción y otros que debían estar incluidos dentro del presupuesto anual de educación”.
Eso pese a que “el Fondo de Emergencia fue una suma extraordinaria que no estaba prevista en el Presupuesto General de Gastos del Ejecutivo Provincial”.
En 2010, el área educativa neuquina tuvo un presupuesto de $ 1.852.372.660, mientras que este año creció a $ 2.071.390.475. Aún así los reclamos por malas condiciones edilicias continuaron hasta estos días. Claro ejemplo de eso es lo que ocurrió tanto en las esculas técnicas como en la de Música (ver aparte).
“Queremos que se investigue si se están distrayendo fondos haciéndolos pasar como de emergencia educativa”, dijo Sánchez y acusó: “Nos gustaría que se investigue si esos dineros no terminaron financiando una campaña política”.
Las acusaciones son rechazadas de plano por Seguel, quien brindó a este medio un detallado informe que aseguró haber presentado tanto en la Legislatura como en la Justicia neuquina.
El desglose muestra lo que fue destinado a cada escuela, y señala que los 50 millones fueron distribuidos de la siguiente manera: 13 para el mantenimiento en el área de Confluencia, 7,7 para mantenimiento en el interior, 1,2 para movilidad y relevamientos, 6 para servicios básicos, 14 para transporte escolar, 5,8 para seguridad y 2,1 para bienes de capital.
Respecto de la distribución de los fondos asignados señala que el 60% fue ejecutado en 2010, el 19% fue ejecutado este año, el 20% está comprometido, y el saldo es apenas del 1%.
El ministro hizo ver que las denuncias de Sánchez fueron realizadas “en tiempos de elecciones” y evitó entrar en polémicas o realizar “juicios de valor”.
Pero, aún así, la diputada y la entidad gremial no están dispuestos a levantarles la nota ni a él ni a Ruiz. Al menos no lo harán hasta que se expida la Justicia.
La nota completa en el Revista La Tecla Patagonia número 49