18 de septiembre de 2026
RIO NEGRO
Bariloche: buscan regular a la Guardia Urbana que ya empezó a funcionar en la ciudad
El bloque Incluyendo Bariloche presentó un proyecto para darle un marco legal al cuerpo que recorre calles. La iniciativa establece que será civil y preventivo, sin armas de fuego ni facultades policiales, y plantea controles sobre su funcionamiento
La Guardia Urbana de Bariloche ya funciona en distintos sectores de la ciudad, pero todavía no cuenta con una ordenanza que establezca con precisión cuáles son sus atribuciones. En ese contexto, el concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, presentó un proyecto para formalizar el cuerpo y fijar un marco para sus intervenciones.
La propuesta define a la Guardia como un cuerpo civil, preventivo y de proximidad. Sus integrantes no podrán portar armas de fuego ni realizar tareas propias de una fuerza policial, como allanamientos, investigaciones criminales o detenciones. Tampoco tendrán facultades para labrar actas, aplicar sanciones, realizar secuestros, clausuras o controles de habilitaciones.
La iniciativa busca evitar que la Guardia termine superponiéndose con otras áreas del Municipio o con la Policía de Río Negro. Sus tareas estarán vinculadas con las recorridas preventivas, la orientación a vecinos y turistas, la detección de situaciones de riesgo y la asistencia ante emergencias. Cuando exista una posible situación delictiva, deberá intervenir la autoridad competente.
El proyecto también contempla herramientas como cámaras corporales, sistemas de comunicación y geolocalización, aunque bajo protocolos vinculados con la protección de datos personales. A eso se suma la creación de un Mapa Municipal de Prevención Barrial, con participación de las Juntas Vecinales para identificar puntos críticos y colaborar en la definición de recorridos.
Uno de los principales argumentos del proyecto es que la Guardia ya está operativa, pero sin una normativa específica que regule su actividad. Actualmente cuenta con diez integrantes y dos móviles.
Para los impulsores de la iniciativa, la falta de una ordenanza también genera un problema jurídico para los propios agentes y para el Municipio, ya que no existe un marco claro que determine responsabilidades frente a una intervención cuestionada.
En caso de aprobarse, el Ejecutivo tendrá que presentar un plan de implementación con la estructura, el personal y el presupuesto del cuerpo, además de reglamentar su funcionamiento. El proyecto también prevé informes trimestrales al Concejo Municipal, una partida presupuestaria específica y controles para evitar que los recursos de la Guardia sean utilizados con fines partidarios.