18 de septiembre de 2026
JURISDICCIONES
San Martín de los Andes le contestó a Nación por el estacionamiento sobre la Ruta 40
El Municipio rechazó el reclamo de Vialidad Nacional por las multas aplicadas en el centro y defendió su potestad para regular el tránsito dentro del ejido urbano. El conflicto podría redimirse en la Justicia
El enfrentamiento entre el Municipio de San Martín de los Andes y Vialidad Nacional volvió a poner sobre la mesa una vieja discusión sobre los límites entre las competencias nacionales y municipales. Esta vez, el punto de choque es el estacionamiento medido en calles del centro que forman parte del recorrido urbano de la Ruta Nacional 40.
La administración municipal respondió a la intimación del organismo nacional y dejó en claro que no modificará, por ahora, el esquema que funciona en la ciudad. La contestación fue enviada mediante una carta documento firmada por el apoderado municipal Edgar Mario Bertero, quien cuestionó los argumentos planteados por Vialidad.
El Ejecutivo local sostiene que el hecho de que la Ruta 40 atraviese la ciudad no significa que Nación pueda avanzar sobre las facultades que tiene el Municipio para ordenar el tránsito. En esa línea, la gestión se ampara en la autonomía municipal y en las normas provinciales y locales que regulan el funcionamiento de la ciudad.
El conflicto tiene impacto directo sobre la avenida San Martín y calle Villegas, dos sectores del casco céntrico donde se aplicaron multas por estacionamiento. Vialidad Nacional puso bajo cuestionamiento esas sanciones al considerar que se trata de sectores vinculados a una ruta de jurisdicción nacional.
La respuesta municipal plantea una interpretación diferente. Para el Ejecutivo, la administración de la Ruta 40 no implica que todas las decisiones sobre las calles que atraviesa queden bajo control nacional. En particular, sostiene que la regulación del estacionamiento y la fiscalización del tránsito dentro del ejido siguen siendo atribuciones de la ciudad.
El Municipio también puso sobre la mesa las ordenanzas que dieron origen al sistema de estacionamiento medido y el convenio vigente con SAEM. Con ese argumento, busca sostener que el mecanismo no surgió de una decisión administrativa aislada, sino de una normativa aprobada por el Concejo Deliberante.
Detrás de la discusión por las multas aparece entonces una cuestión de mayor alcance político e institucional. Lo que está en disputa es hasta dónde llegan las competencias de Vialidad Nacional sobre una traza que, al atravesar una ciudad, se convierte también en parte de la dinámica urbana cotidiana.
Por ahora, el gobierno local decidió sostener su posición y continuar con el estacionamiento medido. En la respuesta enviada a Vialidad también dejó planteada la posibilidad de defender su interpretación por la vía judicial si el organismo nacional mantiene su reclamo.