Los registros de la Cámara Nacional Electoral muestran una escasa transparencia en el financiamiento de los espacios políticos por parte de particulares. La UCR concentra el 90% de los fondos declarados, mientras que las demás fuerzas predominantes en la Provincia no figuran en los registros

Santa Cruz: solo siete aportantes privados declararon financiamiento político en 2025

Los registros de la Cámara Nacional Electoral (CNE) revelan que solo siete aportantes privados declararon financiamiento para espacios políticos en Santa Cruz durante 2025, en un contexto de escasa transparencia sobre los fondos de campaña a días de las elecciones legislativas.

La Unión Cívica Radical (UCR) concentra el 90% de los fondos declarados, con ocho aportes que suman $1.285.000. El principal contribuyente es Daniel Alberto Roquel, presidente del partido en la Provincia, quien realizó cinco transferencias por $885.000. Le siguen la diputada nacional Roxana Reyes ($200.000), el abogado Javier Stoessel ($100.000) y Luis César Vera ($100.000).

Los otros dos aportantes registrados corresponden al partido Encuentro Ciudadano, con dos contribuciones de $10.000 cada una, y al Movimiento al Socialismo, con un aporte de $56.000.

El panorama muestra una notable opacidad en el financiamiento político provincial. Los principales espacios -el oficialismo del partido SER, la oposición peronista del Partido Justicialista y La Libertad Avanza- no figuran en los registros públicos de la CNE, a pesar de que el plazo para declarar los aportes venció el jueves pasado.

Cabe destacar que los fondos declarados a la UCR corresponden a "desenvolvimiento institucional" y no a campaña electoral, ya que el sector que los recibió no participa en los comicios del 26 de octubre debido a una fractura interna en el radicalismo local.

La situación en Santa Cruz refleja un patrón similar al observado en otras provincias patagónicas. En Río Negro y Chubut, la mayoría de las fuerzas tampoco cumplió con la presentación de sus aportantes ante la CNE, dejando en evidencia los limitados controles sobre el financiamiento político en la región.

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