30 de julio de 2026
RIO NEGRO
El STJ tomó el control del conflicto en Allen y definirá el futuro institucional del municipio
El máximo tribunal de Río Negro se declaró competente para intervenir en la disputa entre el intendente Marcelo Román y el Concejo Deliberante. Ahora deberá analizar la legalidad de las decisiones adoptadas durante la crisis política que atraviesa la ciudad
El conflicto institucional que enfrenta al intendente de Allen, Marcelo Román, con el Concejo Deliberante ingresó en una nueva etapa. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro resolvió intervenir de manera directa al considerar que se trata de una controversia entre dos poderes municipales, por lo que será el organismo encargado de resolver el litigio.
La decisión no implica un pronunciamiento sobre la validez de las medidas adoptadas por el cuerpo legislativo local, pero sí fija quién tendrá la última palabra sobre una disputa que alteró el funcionamiento institucional del municipio.
El planteo fue impulsado por el propio Román, quien cuestionó la decisión del Concejo de suspenderlo preventivamente de sus funciones y designar al presidente del cuerpo deliberativo al frente del Ejecutivo municipal. Además, incorporó un nuevo episodio al expediente al denunciar que el Concejo rechazó recibir el veto de una ordenanza, lo que, según sostuvo, le impidió ejercer una atribución prevista en la Carta Orgánica.
Al analizar la presentación, el STJ coincidió con el criterio expuesto por la Procuración General y concluyó que la controversia encuadra dentro de los conflictos de poderes contemplados por la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, materia que corresponde resolver en instancia originaria y exclusiva al máximo tribunal rionegrino.
Como primera medida procesal, el Superior Tribunal ordenó al Concejo Deliberante remitir, en un plazo de cinco días, toda la documentación relacionada con el conflicto. También dispuso la notificación formal de la demanda y de la ampliación presentada por el jefe comunal.
La resolución representa un paso procesal determinante, ya que a partir de ahora será el STJ el encargado de evaluar si las actuaciones del Concejo se ajustaron al marco legal vigente y si las decisiones adoptadas durante la crisis institucional tienen sustento jurídico.
El conflicto se originó semanas atrás, cuando el Concejo aprobó una ordenanza que dispuso la suspensión preventiva de Román mientras avanza la causa judicial en la que fue imputado. La norma también estableció que el presidente del cuerpo legislativo asumiera interinamente la conducción del Ejecutivo municipal y reorganizó las autoridades del Concejo.
Aunque la resolución conocida este jueves no modifica esa situación, abre el camino para que el máximo tribunal analice el fondo del planteo. Entre los aspectos que deberá resolver figuran los alcances de las facultades del Concejo para suspender al intendente y la validez de las decisiones adoptadas durante ese proceso.
El expediente continuará ahora con la incorporación de los antecedentes requeridos y las respuestas de las partes. Recién entonces el Superior Tribunal avanzará sobre el análisis de fondo que podría definir el desenlace de una de las disputas institucionales más relevantes que atraviesa actualmente un municipio rionegrino.