21 de julio de 2026
RIO NEGRO
Allen: el Procurador respaldó el planteo de Román y la definición sobre su suspensión pasa al STJ
El jefe de los fiscales de la provincia dictaminó que el planteo del intendente removido temporalmente de funciones reúne los requisitos para ser tratado como un conflicto de poderes, por lo que el Superior Tribunal de Justicia deberá resolverlo, mientras continúa abierta la causa penal en su contra
La disputa entre el intendente de Allen, Marcelo Román, y el Concejo Deliberante quedó más cerca de una definición judicial. El Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, dictaminó que la presentación del jefe comunal reúne los requisitos para ser tratada como un conflicto de poderes, por lo que será el Superior Tribunal de Justicia el que resuelva la controversia institucional.
La intervención del Ministerio Público se produjo tras la demanda presentada por Román el pasado 13 de julio, luego de que el Concejo Deliberante aprobara su suspensión preventiva del cargo mediante la Ordenanza N.º 44/2026 y dispusiera que el presidente del cuerpo asumiera interinamente la conducción del municipio. El jefe comunal cuestionó esa decisión por considerar que el Legislativo avanzó sobre atribuciones propias del Poder Ejecutivo y solicitó que la medida sea declarada nula.
En su dictamen, Crespo sostuvo que el planteo encuadra dentro de la figura constitucional del conflicto de poderes, al tratarse de una controversia sobre los límites de las competencias entre dos órganos municipales. Además, aclaró que esa instancia no impide que el Superior Tribunal también analice la constitucionalidad de las normas cuestionadas si lo considera necesario.
El pronunciamiento del Procurador no implica una resolución de fondo sobre la suspensión de Román, sino que constituye una opinión jurídica previa que deberá ser evaluada por el máximo tribunal provincial, que decidirá si habilita su competencia originaria para intervenir en el caso.
La disputa institucional se desarrolla en paralelo con la investigación penal que tiene al intendente como principal imputado. Semanas atrás, la Justicia le formuló cargos por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado, en concurso ideal, a raíz de la compra de un teléfono celular corporativo que, según la acusación, terminó en poder de una persona ajena a la estructura municipal.
De acuerdo con la fiscalía, el hecho investigado ocurrió entre marzo de 2024 y julio de 2025. La acusación sostiene que Román autorizó la adquisición de un teléfono por 479.999 pesos, con un abono mensual a cargo de la Municipalidad, y posteriormente entregó ese equipo a un particular que no tenía vínculo laboral ni contractual con el Estado local.
La investigación también alcanza a esa segunda persona, imputada como partícipe necesario, ya que, según el Ministerio Público Fiscal, habría utilizado el dispositivo para impartir directivas a empleados municipales sin contar con función pública alguna, consolidando así el uso privado de un bien perteneciente al patrimonio del municipio.
Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran la denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas de Allen, documentación administrativa, informes contables elaborados por peritos del Ministerio Público, registros de pagos a la empresa de telefonía, actuaciones surgidas de allanamientos y más de treinta entrevistas realizadas durante la investigación.
Mientras la causa penal avanza por un carril y deberá atravesar las distintas etapas procesales, el expediente que ahora podría llegar al Superior Tribunal de Justicia abrirá otro frente de discusión: el alcance de las facultades del Concejo Deliberante para suspender a un intendente en ejercicio antes de que exista una sentencia firme en su contra.
La definición del STJ será determinante no sólo para el futuro inmediato de la administración municipal de Allen, sino también para establecer un precedente sobre el alcance de las atribuciones institucionales de los poderes municipales en Río Negro.