24 de junio de 2026
CONGRESO
El Gobierno pagará USD 171 millones a los dos últimos “buitres” del default de 2001
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el acuerdo alcanzado con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, los dos últimos fondos que mantenían reclamos judiciales activos contra la Argentina. La medida permite levantar las cautelares que afectaban activos soberanos en el exterior
La Cámara de Diputados dio este miércoles sanción definitiva al proyecto que autoriza al Gobierno a pagar 171 millones de dólares a dos fondos que mantenían reclamos activos por bonos en default desde la crisis de 2001. La iniciativa, que ya había obtenido media sanción en el Senado, fue aprobada con 139 votos a favor y 97 en contra, y debe ejecutarse antes del 30 de junio para que el acuerdo alcanzado en la justicia estadounidense no pierda vigencia.
De ese monto total, 67 millones de dólares corresponderán a Bainbridge Ltd. y los restantes 104 millones al grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP. Ambos fondos forman parte del reducido grupo de acreedores que nunca aceptaron los canjes de deuda ofrecidos por la Argentina en las últimas dos décadas y que conservaban sentencias firmes en tribunales de Nueva York.
Los holdouts son tenedores de bonos que rechazaron las reestructuraciones voluntarias impulsadas tras el default declarado a fines de 2001. Mientras la gran mayoría de los acreedores ingresó a los canjes de 2005 y 2010, y luego al acuerdo de 2016 durante la gestión de Mauricio Macri —que implicó el pago de más de 9.300 millones de dólares—, estos fondos mantuvieron sus demandas y lograron fallos favorables que incluían el cobro pleno más intereses.
El entendimiento alcanzado por el gobierno de Javier Milei con estos dos últimos acreedores contempla una quita cercana al 30 por ciento sobre los montos de las sentencias. A cambio del pago inmediato, los fondos se comprometen a entregar los títulos para su cancelación definitiva, a no iniciar nuevas acciones judiciales y a asumir sus propios costos legales. Además, se levantan las medidas cautelares que amenazaban activos argentinos en el exterior.Entre los beneficios más destacados figura la devolución de acciones de clases A, B y D de YPF que estaban en poder de los fondos.
También se desactivan los riesgos de embargo sobre participaciones en el Banco Nación y en Aerolíneas Argentinas, que habían sido objeto de reclamos en la justicia norteamericana. De esta manera, se elimina un foco de litigio que llevaba más de dos décadas abierto.En el recinto, el oficialismo contó con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y varios espacios provinciales. Durante el debate, legisladores oficialistas destacaron que el acuerdo permite cerrar “una herida de deshonra internacional” después de 25 años y que representa un ahorro significativo frente al costo de continuar con los juicios y los eventuales embargos.
La oposición, encabezada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, votó en contra. Algunos legisladores cuestionaron la falta de una asignación presupuestaria específica en el proyecto y recordaron que el Ejecutivo había vetado otras iniciativas por razones similares. Sin embargo, el oficialismo logró la mayoría necesaria para convertir el proyecto en ley.
Con esta aprobación, la Argentina pone fin a los últimos reclamos judiciales relevantes derivados del default de 2001 que aún estaban activos en tribunales estadounidenses. El cierre de estos litigios contribuye a mejorar la percepción del país en los mercados internacionales y reduce la exposición a nuevas demandas sobre activos soberanos, en un contexto en el que el Gobierno busca normalizar las relaciones financieras con el exterior.