13 de mayo de 2026
TODO NORMAL
Magistrados de Santa Cruz defendieron el funcionamiento de la Justicia en medio del conflicto por el TSJ
La Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura realizaron una presentación ante la Corte Suprema para sostener que el Poder Judicial santacruceño mantiene su operatividad. Atribuyeron las demoras existentes al conflicto salarial con los trabajadores judiciales
La disputa institucional en torno a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo luego de que la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia realizara una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para afirmar que el sistema judicial santacruceño “funciona con normalidad” pese al conflicto abierto por la ley que amplía el máximo tribunal provincial.
La presentación fue realizada de manera conjunta con la Federación Argentina de la Magistratura, en el marco del expediente que analiza la constitucionalidad de la ley provincial que eleva de cinco a nueve el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia.
El escrito lleva las firmas de María Vila y Marcela Ruiz, quienes señalaron que el objetivo de la intervención es aportar “un encuadre fáctico e institucional preciso” sobre la situación judicial de la provincia.
Según expresaron, la intención es evitar que la evaluación del escenario institucional se apoye en interpretaciones que, a criterio de las entidades, no reflejan el funcionamiento actual del Poder Judicial santacruceño.
En ese sentido, los magistrados sostuvieron que, pese a las controversias políticas y judiciales abiertas por la ampliación del TSJ, la actividad judicial continúa desarrollándose de manera regular en toda la provincia.
“La tramitación de causas, la sustanciación de procesos y el dictado de resoluciones se desarrollan de manera continua”, señalaron en el documento incorporado al expediente que actualmente se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema.
Además, remarcaron que el propio Tribunal Superior de Justicia mantiene activa su competencia jurisdiccional y continúa emitiendo resoluciones en las causas sometidas a su consideración.
La presentación aparece en un contexto de fuerte tensión institucional entre el gobierno de Claudio Vidal y el máximo órgano judicial provincial, luego de que el TSJ declarara inconstitucional la ley de ampliación impulsada por el oficialismo santacruceño.
En las últimas semanas, la Corte Suprema intervino directamente en el conflicto al requerir el expediente completo del caso para avanzar en el análisis de fondo de la controversia.
Dentro de ese escenario, la Asociación de Magistrados buscó despegar la discusión institucional del funcionamiento cotidiano de la Justicia provincial y sostuvo que no existe una “inoperatividad generalizada” del sistema judicial.
De acuerdo con el planteo presentado ante la Corte, las demoras que actualmente afectan algunos procesos judiciales están vinculadas principalmente al conflicto salarial y laboral que mantiene el gremio de empleados judiciales con el Poder Judicial provincial.
Las entidades explicaron que las dificultades existentes responden a medidas de fuerza y reclamos laborales canalizados por las vías institucionales correspondientes, y no a una paralización estructural del servicio de justicia.
Al mismo tiempo, aclararon que la presentación no implica tomar posición sobre las causas judiciales en trámite ni adelantar opinión sobre el fondo de los conflictos vinculados a reclamos salariales o institucionales.
En el escrito, las asociaciones remarcaron que esas controversias deberán ser resueltas por los órganos competentes respetando las garantías del debido proceso, la independencia judicial y la imparcialidad.
También indicaron que el objetivo central del documento es aportar información institucional sobre el estado actual del Poder Judicial santacruceño y no influir en litigios específicos que actualmente se encuentran en trámite.
El planteo adquiere relevancia en medio de una creciente atención política y judicial sobre Santa Cruz, donde el conflicto por la ampliación del TSJ abrió una fuerte discusión sobre el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo y el equilibrio entre los poderes provinciales.
En el tramo final de la presentación, las entidades recordaron que dentro del sistema federal argentino las provincias tienen la obligación de garantizar el funcionamiento regular de sus instituciones republicanas, incluyendo la actividad de sus poderes judiciales.
Por eso, solicitaron a la Corte Suprema que el aporte institucional realizado por las asociaciones sea considerado al momento de evaluar la situación planteada en el expediente sobre la ampliación del Tribunal Superior de Justicia santacruceño.