30 de abril de 2026
PLOTTIER
La jueza rechazó el pedido de domiciliaria a Bertolini: “Es una pena anticipada”
La jueza de Garantías Carina Álvarez rechazó el pedido de la fiscalía para que el intendente de Plottier se mantuviera en su casa mientras avanza la investigación judicial. Consideró que “es una medida de gravedad institucional”
La investigación que lleva adelante la justicia neuquina para determinar si el intendente de Plottier, Luis Bertolini, cometió presuntas negociaciones incompatibles con la función pública tuvo hoy un nuevo capítulo, que incluye un revés para el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, que había solicitado la prisión domiciliaria para el intendente, mientras avanza la investigación.
En la audiencia de hoy, la jueza de Garantías, Carina Álvarez, rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal y consideró que el pedido de Vignaroli es “una medida de gravedad institucional”. En su lugar, dictó otras medidas para garantizar que no se entorpezca la investigación.
En la audiencia del martes, Álvarez formuló cargos contra el intendente Bertolini; la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez; el hijo de ésta, Mauricio López; y el empresario Pedro Vilchez, titular de varias empresas.
La acusación consigna que el municipio acordaba compras de una gran variedad de productos y servicios con Vilchez, que es socio de López. El monto de la maniobra asciende a 2.300 millones de pesos, pero el fiscal jefe Pablo Vignaroli admitió que aún no detectaron perjuicio patrimonial.
La fiscalía de Delitos Económicos, a través de la fiscal del caso Rocío Rivero, había pedido esta semana la prisión domiciliaria del intendente por seis meses por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Pero la jueza rechazó el pedido al considerar que la prisión domiciliaria se constituía como una “pena anticipada”.
En cambio, dictó contra Bertolini la prohibición de contacto “por cualquier medio, por seis meses, para con todos los testigos de la causa enunciados por la fiscalía” a los fines de neutralizar el riesgo de entorpecimiento.
En tanto, para la subsecretaria Gladys Ramírez pidió la prohibición de concurrir a dependencias de la municipalidad de Plottier y la prohibición de contacto con los testigos de la causa enunciados por la fiscalía por seis meses.
Álvarez también rechazó las medidas cautelares de inhibición general de bienes y de embargo preventivo solicitadas por la fiscalía y dejó sin efecto la orden de embargo dictada el martes pasado.
La fiscalía había solicitado la inhibición general de bienes de los cuatro imputados y el embargo de cuentas bancarias —en particular de los proveedores investigados— por un monto estimado en $4.619.960.168, equivalente al doble del presunto beneficio económico de la maniobra.
Sin embargo, la jueza desestimó estos pedidos al sostener que no se acreditó ese beneficio económico.
Por ese motivo, también dejó sin efecto los embargos preventivos que había dispuesto durante la formulación de cargos.