28 de abril de 2026
RIO NEGRO
Piden fijar personal mínimo en geriátricos y reforzar controles por trabajo en negro
El legislador de la CC ARI Cambiemos Javier Acevedo impulsó una iniciativa para que en la provincia establezca una cantidad obligatoria de cuidadores por residente en hogares de adultos mayores. También reclamó medidas para frenar la informalidad laboral en establecimientos privados

El presidente del bloque CC ARI Cambiemos en la Legislatura de Río Negro, Javier Acevedo, presentó un proyecto para que el Gobierno provincial avance en una actualización de las reglas que regulan el funcionamiento de residencias para adultos mayores, con foco en dos problemas que considera urgentes: la falta de personal suficiente para la atención diaria y la persistencia del trabajo no registrado en el sector privado.
La propuesta apunta a modificar la reglamentación vigente de las leyes provinciales vinculadas al cuidado de personas mayores, incorporando criterios técnicos más precisos que permitan definir cuántos trabajadores deben estar asignados según la cantidad de residentes y el nivel de dependencia que cada uno requiera.
Según planteó el legislador, hoy la normativa establece pautas generales, pero no fija una relación mínima obligatoria entre personal y residentes, lo que termina generando desigualdad en la calidad de atención entre distintas instituciones y dificultades para controlar el cumplimiento de estándares básicos.
Para Acevedo, esa ausencia de parámetros concretos deja un vacío importante en términos de fiscalización, ya que impide medir de manera objetiva si un establecimiento cuenta realmente con los recursos humanos necesarios para garantizar una atención adecuada.
Desde su mirada, el problema no solo afecta a los trabajadores que enfrentan sobrecarga laboral, sino también a los propios adultos mayores que dependen de una asistencia constante para su bienestar físico y emocional.
El legislador advirtió que cuando no existe suficiente personal de cuidado, el impacto se traslada directamente a la calidad del servicio, especialmente en aquellos casos donde los residentes necesitan acompañamiento permanente, controles médicos frecuentes o asistencia para tareas básicas de la vida cotidiana.
En ese sentido, sostuvo que distintos estándares técnicos recomiendan establecer ratios diferenciados según el grado de autonomía o dependencia de cada persona, ya que no todos los casos requieren el mismo nivel de atención.
La iniciativa también pone el foco en la situación laboral dentro de los geriátricos privados, donde Acevedo advirtió que persisten casos de empleo informal y precarización, una problemática que —según señaló— termina debilitando tanto las condiciones de trabajo como la calidad del servicio prestado.
Por eso, además de pedir una actualización normativa, el proyecto reclama la intervención de la Secretaría de Trabajo o del organismo correspondiente para fortalecer los controles y avanzar en políticas que promuevan la registración formal de todo el personal de cuidado.
La intención es garantizar que quienes trabajan en estos espacios accedan a derechos laborales básicos como cobertura social, aportes previsionales, condiciones dignas de empleo y capacitación continua, aspectos que el legislador considera indispensables para profesionalizar el sistema.
Acevedo remarcó que el envejecimiento de la población obliga a revisar con mayor profundidad cómo se organizan estos servicios y advirtió que no alcanza con tener marcos legales generales si no existen herramientas concretas para exigir estándares mínimos de funcionamiento.
En ese escenario, planteó que la Provincia debe asumir un rol más activo no solo en la habilitación de los establecimientos, sino también en el control permanente sobre las condiciones reales en las que viven los adultos mayores institucionalizados.
La discusión abre además un debate más amplio sobre el sistema de cuidados en Río Negro y la necesidad de aggiornar normas que muchas veces quedan desfasadas frente al crecimiento de la demanda y la complejidad creciente del sector.
Con este proyecto, Acevedo busca instalar esa discusión en la agenda legislativa y presionar para que la atención de adultos mayores deje de depender de criterios dispares y pase a regirse por estándares técnicos claros, con mayor control estatal y menos margen para la precarización.