El gobierno provincial se hará cargo del mantenimiento de dos rutas clave para Vaca Muerta y el turismo, mientras lleva adelante un plan de 800 km de nuevas trazas
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Tras años de reclamos al gobierno nacional, la provincia de Neuquén logró el traspaso de dos rutas que son claves para la conectividad y la actividad económica, que habían quedado a la deriva con la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender la obra pública en todo el país. La gestión de Rolando Figueroa deberá ahora elaborar un plan de obras y mantenimiento para un tramo de la Ruta Nacional 22 y otro de la Ruta Nacional 242.
En total, suman más de 100 kilómetros cuyo mantenimiento hasta 2023 llevaba adelante la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y ahora quedarán en manos de la provincia por el plazo que se establezca en el acuerdo, con una modalidad de financiamiento a definir, que puede incluir el cobro de peajes.
El gobernador neuquino había solicitado, junto con su par rionegrino, Alberto Weretilneck, hacerse cargo de algunas rutas, atentos al abandono que hizo la gestión libertaria de la obra pública en general. En Neuquén, el traspaso se suma a un ambicioso plan de obras viales que el gobierno desarrolla en la provincia, que comprende obras de mantenimiento en una red de 1.200 kilómetros heredada, y la construcción de más de 800 kilómetros nuevos a lo largo y ancho de la provincia.
Las rutas que serán administradas por la provincia según el Decreto 253/2026 publicado el 16 de abril en el Boletín Oficial comprende un tamo de 58 kilómetros de la Ruta 22, entre el límite con Río Negro y Arroyito, importante para la conectividad del norte neuquino con la capital provincial. Por otro lado, alcanza 53 kilómetros de la Ruta Nacional 242 hacia el paso internacional Pino Hachado, clave para favorecer el intercambio comercial y turístico con Chile.
Se trata de dos rutas nacionales que el gobierno de Javier Milei decidió traspasar a la provincia de Neuquén, en el marco de la delegación de facultades en nueve provincias que venían reclamando obras en sus distritos. La medida, que surgió de la Ley Bases, buscó descentralizar tareas que antiguamente recaían en la gestión nacional y abrió la puerta al sector privado para intervenir en asuntos de los que antes se ocupaba el Estado.
El decreto autoriza al Poder Ejecutivo a “otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas y servicios públicos, por un plazo fijo o variable, a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos, para la construcción, conservación o explotación de obras o infraestructuras públicas y para la prestación de servicios públicos, mediante el cobro de tarifas, peajes u otras formas de remuneración”, conforme los procedimientos establecidos en la ley N° 17.520. Vale aclarar que la titularidad de las rutas sigue estando en manos del Estado nacional.
La decisión alcanza, además de a Neuquén, a las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Río Negro y Santa Cruz, cuyos gobernadores habían manifestado al gobierno nacional la voluntad de hacerse cargo de esas obras, con el fin de avanzar en esquemas de gestión de algunos tramos que son claves para la conectividad de las provincias y para el desarrollo de sus actividades productivas.
Según ese documento, las gestiones locales deben suscribir con la DNV convenios para individualizar los tramos de las rutas nacionales cuya administración será asumida por la jurisdicción provincial. También se deberán detallar el tipo de obra a realizar –administración, reparación, ampliación, conservación y/o mantenimiento-, y en qué plazos.
Además, según establece el decreto, tendrán que presentar un plan de obras y cronograma de ejecución, con su respectiva justificación técnica; la fuente de financiamiento y las condiciones económicas de la concesión de obra pública, con el detalle del peaje máximo y plazo de concesión proyectados; y con los proyectos de documentación licitatoria y contractual que regirán los contratos de concesión de obra pública por peaje a celebrarse. Por su parte, la DNV evaluará la viabilidad técnica y económica del proyecto presentado y que se ajuste a la legislación vigente.
La Tecla Patagonia consultó al gobierno provincial para conocer detalles del plan que presentará a Vialidad. Gonzalo Peralta, coordinador del ministerio de Infraestructura que conduce Tanya Bertoldi, dijo que el anuncio es muy incipiente y resta definir la letra chica de cómo se realizarán los trabajos. Pero destacó que los mismos forman parte del ambicioso plan de infraestructura vial que está llevado adelante la gestión de Figueroa.
En declaraciones a los medios, Figueroa, anticipó que “vamos a poner peaje y pesaje para los camiones para que no se destruyan las rutas”, dejando entrever por dónde irá el proyecto que tiene entre manos.
Llegó a buen puerto: un pedido conjunto con Río Negro
En 2024, el gobernador neuquino, Rolado Figueroa, y su par de Río Negro, Alberto Weretilneck solicitaron por primera vez a la Dirección Nacional de Vialidad la transferencia de estos y otros tramos de rutas nacionales que se encuentran en ambas provincias. El pedido se centraba en la necesidad de mejorar el estado de las rutas para fortalecer la seguridad y la conectividad vial y optimizar la productividad y la eficiencia de las diferentes actividades económicas de la región.
Luego, en sucesivas oportunidades, reiteraron el reclamo que finalmente tuvo una respuesta positiva con la publicación del decreto a medidados de abril.
En Río Negro, los tramos que pasarán a manos de la provincia corresponden a la Ruta 22, y a la Ruta 151, que va hacia La Pampa. Según el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, “son las más problemáticas por el volumen de tránsito”.
Otro conflicto: en Río Negro, el traspaso abrió un frente interno
El traspaso de rutas en la provincia de Río Negro abrió un conflicto con la oposición. Legisladores peronistas denunciaron el "traspaso vacío" de la administración de las rutas nacionales que atraviesan el Alto Valle rionegrino. Desde el bloque PJ- Nuevo Encuentro, puntualizaron que la transferencia llega de manera improvisada y sin los recursos correspondientes, lo que implica un camino a una impracticable privatización mediante un sistema de peajes absolutamente rechazable, y por el que pretenden que los rionegrinos paguen dos veces por la misma obra.
En tanto, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, (PJ) se desmarcó de los diputados y solicitó formalmente al gobernador Alberto Weretilneck, la concreción de la obra de ampliación de la Ruta Nacional 22 en el tramo que atraviesa la ciudad, a fin de disminuir la alta peligrosidad vial que implica hoy transitar o atravesar este sector. “Celebro esta transferencia de Nación hacia el gobierno provincial en la medida que representa una posibilidad real de mejorar la seguridad vial en la traza de la Ruta 22”, indicó la intendenta.
¿Adonde va la plata? El Impuesto a los Combustibles en la mira de los intendentes
El traspaso de las rutas nacionales a las provincias reavivó con fuerza un debate en torno a los fondos que recauda el gobierno nacional a través del Impuesto a los Combustibles. Se trata de un porcentaje cercano al 30% del valor que se cobra en el precio de la nafta y otros combustibles líquidos, que tiene como destino la creación de un fondo para la reparación y mantenimiento de las rutas en todo el país.
La decisión del gobierno de Javier Milei de suspender la obra pública para bajar el déficit fiscal instaló la pregunta acerca del destino de esos fondos: el gobierno sigue recaudando pero no destina el dinero al fin para el cual fue creado el fondo.
La postura del gobierno nacional deja en la mira al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que no ha dado explicaciones acerca de dónde se están usando los fondos que se deberían destinar a obras viales.
Días atrás, el ministro de Infraestructura de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, realizó una fuerte acusación contra Caputo, al afirmar que “se la robaron para la timba”, en referencia a la plata que ingresa por el cobro de ese impuesto. Además, formalizó una denuncia penal junto a intendentes de esa provincia por incumplimiento de deberes de funcionario público. Ahora, se están sumando intendentes de todo el país al mismos reclamo.
Sin ir más lejos, el jefe comunal de Neuquén, Mariano Gaido, viene impulsando la eliminación del Impuesto a los Combustibles, con críticas al gobierno nacional. A fines de marzo de este año, participó del Consejo Federal de Intendentes, realizado en Córdoba, donde uno de los reclamos al gobierno de Milei fue por el reparto de la coparticipación y otro por el del Impuesto a los Combustibles. Según indicaron en ese encuentro, durante 2025 el Gobierno nacional retuvo 120.000 millones de pesos que correspondían a las provincias.
Por otra parte, el 9 de abril, el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó un despacho para solicitar formalmente al Congreso de la Nación la eliminación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). El reclamo se fundamenta en la suspensión de las transferencias nacionales que, por ley, deben destinarse a la ejecución de obras viales, viviendas y al sostenimiento del transporte público de pasajeros.
Para tomar noción del impacto de este impuesto en el bolsillo del consumidor, basta con hacer una cuenta: el litro de nafta, que hoy cuesta unos 2.300 pesos, debería costar entre 400 y 500 pesos menos.
Invertir para generar riqueza: un plan para construir 800 km nuevos de rutas en la provincia
Uno de los objetivos que se propuso Rolando Figueroa fue invertir en el mantenimiento de las rutas que cruzan la provincia, entendiendo que la conectividad es clave para acompañar el impulsar el desarrollo de la industria hidrocaburífera, que experimenta récords de producción de la mano de Vaca Muerta.
La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, aseguró que el plan vial provincial avanza con obras en ejecución, nuevos trazados y mejoras sobre rutas existentes, en el marco de una estrategia que apunta a transformar la conectividad en todo el territorio. Según detalló, la provincia trabaja sobre una red heredada de 1.200 kilómetros, mientras avanza en la construcción de casi 800 kilómetros nuevos, además de tareas de repavimentación y mantenimiento.
Uno de los ejes principales es la consolidación de un corredor norte-sur de casi 700 kilómetros, que conectará 22 localidades desde Manzano Amargo hasta Villa La Angostura, mejorando la integración territorial.
Según explicó Figueroa, toda la inversión pública fue evaluada con el objetivo de que genere “externalidades positivas”, es decir, que “la inversión del Estado tiene que generar mucha más riqueza que la inversión propiamente dicha”. Además, agregó un dato que refleja una situaci´pon crítrica: el retraso que tenía Neuquén en materia de infraestructura vial era de 4.000 millones de dólares.
