Un informe oficial del Municipio de San Carlos de Bariloche reveló que no existe convenio vigente con Dina Huapi para el uso del vertedero del Alto, pese a que la localidad vecina deposita residuos en el lugar. Además, documentación técnica indica que los volúmenes de basura serían superiores a los reconocidos públicamente

Bariloche admite que Dina Huapi usa el vertedero local sin contratos ni pagos

Una respuesta oficial de la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche dejó al descubierto que el Municipio de Dina Huapi utiliza el vertedero del Alto sin un acuerdo jurídico vigente y sin que exista constancia de pago por el servicio de disposición de residuos.

El informe, firmado el 13 de abril por el área legal del municipio, señala que actualmente no hay ningún instrumento legal en vigencia entre ambas administraciones para regular el ingreso de residuos. Según el documento, las partes se encuentran en “tratativas” para resolver la situación, aunque sin que hasta el momento se haya formalizado un convenio.

La situación fue expuesta a partir de un pedido de informes del concejal Leandro Costa Brutten, quien solicitó precisiones sobre las condiciones legales, económicas y operativas del uso del vertedero por parte de Dina Huapi.

De acuerdo con la respuesta oficial, el uso del predio se encuadra en una ordenanza tarifaria vigente, pero no existe registro de cobro efectivo ni de un mecanismo administrativo que garantice el pago del canon correspondiente, lo que en la práctica implica que Bariloche absorbe los costos del tratamiento de residuos sin contraprestación formal.

El informe técnico del CRUM, incorporado al expediente, detalla además la operatoria de ingreso de residuos y los volúmenes manejados. En ese punto, se indica que las cifras reales de descarga no coincidirían con las declaraciones públicas del intendente de Dina Huapi, Hugo Cobarrubia, quien había estimado entre 14 y 17 metros cúbicos diarios. Según el análisis técnico, la capacidad operativa de los vehículos y la frecuencia de viajes documentada permitirían inferir volúmenes superiores a los reconocidos públicamente.

La ausencia de un acuerdo formal vigente y la falta de registros de pago abren un nuevo eje de discusión institucional entre ambos municipios, en torno a la legalidad y la sustentabilidad del esquema actual de disposición de residuos.
En paralelo, el concejal Costa Brutten cuestionó la situación y advirtió sobre la falta de respaldo jurídico del sistema, al tiempo que anticipó que la documentación reunida podría derivar en una presentación judicial.

El caso reabre el debate sobre la gestión regional de residuos sólidos urbanos, los costos asociados a su tratamiento y la necesidad de formalizar acuerdos entre jurisdicciones para evitar zonas grises en la administración de servicios públicos compartidos.

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