27 de marzo de 2026
CHOELE CHOEL
Un legislador de Río Negro va a juicio por la causa Techo Digno
Se trata del exintendente Daniel Belloso, que está acusado de presunto fraude contra la administración pública y peculado, por haber sustraído más de 13 millones de pesos del programa con fines distintos a los establecidos. La fiscalía solicitó el desafuero para llevar adelante el juicio
El exintendente de Choele Choel y actual legislador provincial del PJ, Daniel Belloso, irá a juicio acusado de presunto fraude contra la administración pública y peculado, en el marco de la megacausa conocida como “Techo Digno”, en la cual más de una decena de exintendentes rionegrinos son investigados por la justicia por la administración de fondos que enviaba Nación para un plan de viviendas.
Tras finalizar la etapa del control de actuación, el juez de General Roca, Oscar Gatti, decidió que un tribunal colegiado juzgue al legislador y a Alberto Manuel Olivera, quien fuera funcionario municipal durante su gestión, en un juicio oral y público. No se avanzó en esta instancia contra el empresario Longino Pacífico de Dios, debido a que no se encuentra en condiciones de afrontar un juicio por su estado de salud.
La fiscal jefa Graciela Echegaray solicitó además que se pida el desafuero de Belloso por la inmunidad que tiene por tratarse de un legislador provincial. Gatti accedió al pedido y ahora la Legislatura deberá decidir si habilita el desafuero.
Tanto Belloso como Olivera están imputados por el presunto fraude contra la administración pública. En el caso del exintendente, también por peculado. Sobre este último delito el juez Gatti rechazó en el inicio de la audiencia un planteo que había realizado el defensor Damián Torres para que Belloso no sea juzgado por peculado. El magistrado respondió que en el juicio se determinará si corresponde o no condenarlo por este delito.
El programa nacional “Techo Digno” se desarrolló en Choele Choel a través de dos convenios firmados entre el Estado nacional y el municipio: uno de 2013, para la construcción de 110 viviendas, y otro, en 2015, para otras 86 viviendas. El municipio recibía los fondos de Nación y se comprometía a controlar la realización de las obras conforme a lo planificado, rendir cuentas de los fondos recibidos y utilizar el dinero exclusivamente para los fines previstos.
A Belloso lo acusan de haber utilizado fondos del programa con fines distintos a los establecidos. “Belloso sustrajo con fines ajenos al convenio la suma de $13.802.501,97 mediante sucesivas autorizaciones de débitos con destino a beneficiarios diversos, en el período comprendido entre julio de 2015 y septiembre de 2017”, dijo la fiscalía al momento de la reformulación de cargos, en mayo pasado.
La acusación sostuvo que el dinero, que debía destinarse exclusivamente a las obras, fue desviado mediante extracciones, transferencias a terceros, constitución de plazos fijos y uso en otras cuentas municipales. Estas maniobras dificultaron el control del destino de los fondos y dejaron montos importantes sin aplicar a las obras ni reintegrar al Estado Nacional.
A Olivera, en tanto, lo acusan de haber sido partícipe necesario, al haber firmado certificaciones y documentos que avalaban avances de obra superiores a los reales, así como haber intervenido en los actos administrativos que permitieron los pagos cuestionados, incumpliendo sus funciones de control técnico.
La resolución del juez Gatti confirma que existen elementos suficientes para llevar a juicio a los imputados por maniobras que habrían implicado pagos indebidos, certificaciones irregulares y desvío de fondos públicos en el marco del programa de viviendas nacional.