El Gobierno autorizó la compra de dispositivos Byrna y reglamentó su uso: habrá capacitación obligatoria, controles estrictos y límites para su aplicación. Se repartirán y tendrán uso en toda la provincia

Neuquén invertirá $2.359 millones en armas de baja letalidad para la Policía

El Gobierno de Neuquén autorizó una inversión de más de 2.359 millones de pesos para la compra de dispositivos de baja letalidad destinados a la Policía provincial, en el marco de una estrategia para modernizar el equipamiento de seguridad.

La adquisición incluye armas de la marca Byrna (modelos SD Orange y TCR) junto con accesorios, garrafas de CO2 y municiones de distintos tipos, que serán utilizadas en operativos preventivos, control de disturbios y situaciones de riesgo.

Desde el Ejecutivo señalaron que estos dispositivos permiten una intervención más proporcional, reduciendo el uso de armas de fuego y priorizando la integridad tanto del personal policial como de la ciudadanía.

La compra se da en paralelo con la reglamentación de la Ley 3474, que habilita formalmente el uso de armas menos letales en la provincia. La normativa, publicada recientemente en el Boletín Oficial, establece un marco estricto para su implementación.

Entre los puntos centrales, se dispone que solo podrán utilizarse dispositivos homologados a nivel nacional o ya empleados por otras fuerzas de seguridad del país. Además, los efectivos deberán cumplir con capacitaciones obligatorias en uso legítimo de la fuerza, derechos humanos y manejo adecuado de estos equipos.

La reglamentación también exige que la Policía mantenga un registro detallado del personal habilitado para su uso, incluyendo instancias de formación y actualización. A su vez, se implementará un sistema de monitoreo permanente, con la obligación de documentar cada intervención mediante registros audiovisuales.

En cuanto a su utilización, las armas no letales podrán emplearse para inmovilizar o detener a personas que representen un peligro inminente, en situaciones de legítima defensa o para impedir la comisión de delitos.

Sin embargo, la normativa fija límites claros: queda prohibido su uso indiscriminado, así como su aplicación sobre personas vulnerables como niños, embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad. También se prohíbe modificar los dispositivos para aumentar su poder ofensivo o transferirlos a personal no autorizado.

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