19 de marzo de 2026
NEUQUEN
Explosión en Aguada San Roque: el TSJ dejó firmes las condenas contra exfuncionarios
El máximo tribunal rechazó todos los recursos y confirmó las penas de prisión por el estallido ocurrido en 2021. La Justicia ratificó responsabilidades por una cadena de irregularidades en la obra pública que terminó con tres víctimas fatales
El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén cerró una de las últimas instancias clave en la causa por la explosión de la escuela albergue de Aguada San Roque al rechazar los recursos extraordinarios presentados tanto por las defensas como por las querellas. De este modo, quedaron firmes las condenas dictadas contra exfuncionarios y empresarios vinculados a la obra, en un caso que expuso graves fallas en los controles del Estado.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal del máximo tribunal provincial, que desestimó todas las impugnaciones sin introducir modificaciones en lo resuelto en instancias anteriores. El fallo ratificó tanto las penas de prisión como las absoluciones, y dejó sin margen nuevas revisiones dentro del ámbito judicial neuquino.
El proceso judicial había tenido su punto central en el juicio oral realizado en 2023, donde se reconstruyó el circuito de responsabilidades detrás del estallido ocurrido el 29 de junio de 2021. La explosión, seguida de un incendio, destruyó el edificio escolar y provocó la muerte del gasista Nicolás Francés y de Mariano Spinedi en el lugar, mientras que la docente Mónica Jara falleció días después producto de las graves quemaduras sufridas.
Según se acreditó durante el debate, el hecho no fue un accidente aislado sino el desenlace de una serie de decisiones irregulares en el marco de una obra pública. La Justicia consideró probado que se certificaron trabajos que no estaban terminados, que no se respetaron protocolos básicos de seguridad y que se habilitó el uso de instalaciones en condiciones precarias, particularmente en lo referido al sistema de gas.
En ese contexto, fueron condenados por estrago culposo seguido de muerte varios funcionarios del área de Obras Públicas y responsables de la empresa contratista. Las penas incluyen prisión efectiva para inspectores y directores del área, junto con inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y profesiones técnicas. En el caso del empresario a cargo de la firma constructora, la condena fue de ejecución condicional.
El tribunal también resolvió mantener la absolución de uno de los exfuncionarios de mayor jerarquía, al considerar que no se alcanzó el grado de certeza necesario para una condena penal. Esa decisión había sido cuestionada por la querella, pero finalmente quedó firme tras el rechazo de los recursos.
La resolución del TSJ implica que las condenas quedan en condiciones de ser ejecutadas, aunque aún podrían intentarse planteos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una vía que en este caso aparece limitada por la ausencia de cuestiones federales señalada por el propio tribunal.