Daniel Mariani, quién firmó como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ordenó no convalidar el aumento salarial aprobado por el resto de los vocales del máximo órgano judicial provincial

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El vocal, Daniel Mariani, argumentó que el incremento aprobado el 30 de diciembre de 2025 carece de validez legal, debido a fue dictado sin competencia y sin las mayorías requeridas por la normativa vigente. La medida había sido firmada por los vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña Campos, Reneé Fernández y Fernando Basanta.

Según el texto, el aumento era del 4% mensual para magistrados y funcionarios judiciales de enero a julio de 2026, y un 3% adicional entre agosto y octubre, lo que representaba un incremento acumulado cercano al 40% en diez meses. Esto llevaba, por ejemplo, el sueldo del vocal mejor remunerado de 19 a 24 millones de pesos, incluyendo antigüedad y otros ítems.

El gobierno provincial, encabezado por Claudio Vidal, cuestionó duramente la decisión, considerándola un “aumento auto otorgado” y excesivo en un contexto de crisis económica. Mariani sostuvo que el acto administrativo estaba “viciado en sus elementos esenciales” y citó diversas normas, como la Ley 1260, la Ley Orgánica de la Justicia y la Ley 3949, que amplió la cantidad de vocales del TSJ de cinco a nueve. Según su resolución, la medida fue dictada por un órgano que no estaba debidamente integrado ni reunía las mayorías mínimas exigidas por la ley.

En su escrito, Mariani remarcó que cuando el Poder Judicial ejerce funciones administrativas, debe regirse por los principios del derecho administrativo y ajustarse estrictamente a la legalidad. Por eso, decidió no convalidar la resolución y ordenó expresamente al Sector de Administración General del Poder Judicial abstenerse de liquidar el aumento salarial.

Otro punto que evidenció el nivel de conflicto interno es que la resolución carece de registro formal, ya que los libros correspondientes se encuentran retenidos, lo que impide a la Presidencia acceder a ellos. La decisión fue comunicada a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia, a la Administración General del Poder Judicial y a las direcciones de Gestión Administrativa y Recursos Humanos. Además de Mariani, la firmó Cristina de los Ángeles González como secretaria Ad Hoc de la Superintendencia y Jurisprudencia.

La decisión de Mariani se enmarca en una disputa más amplia por la presidencia del TSJ, que también es reclamada por Reneé Fernández. A esto se suma la controversia por la conformación del tribunal. En 2025, la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo provincial sancionaron una ley para ampliar el TSJ de cinco a nueve miembros. Sin embargo, la norma fue declarada inconstitucional por los cuatro vocales originales, lo que impidió que los nuevos miembros asumieran plenamente.

Hasta el momento, los designados José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Juan Lucio De la Vega y Gabriel Contreras no pudieron integrarse al tribunal y perciben solo el 50% de sus sueldos hasta que se resuelva su situación, según lo establecido en un artículo incluido en la ley de presupuesto 2026.

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