7 de enero de 2026
RIO NEGRO
Desde el peronismo pusieron en duda la autonomía del Poder Judicial provincial
El diputado provincial Luciano Delgado Sempé lanzó duras críticas al Superior Tribunal de Justicia y cuestionó su vínculo con el Ejecutivo, al advertir que no existen fallos adversos al Gobierno y que el sistema opera con escasa transparencia
La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Río Negro volvió a quedar bajo la lupa a partir de un fuerte pronunciamiento del diputado provincial Luciano Delgado Sempé, quien cuestionó abiertamente la independencia del Superior Tribunal de Justicia y su desempeño frente a los intereses del Gobierno provincial.
El legislador, integrante del bloque Vamos con Todos, sostuvo que no existen antecedentes recientes de fallos relevantes del máximo órgano judicial provincial que hayan resultado contrarios a la administración rionegrina. Desde esa lectura, vinculó la ausencia de decisiones adversas al Ejecutivo con el deterioro de servicios públicos esenciales y con la falta de respuestas estructurales del Estado frente a distintas demandas sociales.
Delgado Sempé apuntó directamente contra el Superior Tribunal de Justicia, integrado por cinco magistrados y magistradas, al afirmar que su accionar se encuentra alineado con el Gobierno provincial. En ese marco, relativizó los discursos oficiales que posicionan a Río Negro como una de las provincias con mayor acceso a la Justicia, al diferenciar entre la posibilidad formal de iniciar una causa y la obtención efectiva de resoluciones judiciales ajustadas a derecho.
Según su planteo, las causas iniciadas contra la Provincia terminan resolviéndose sistemáticamente a favor del Ejecutivo y de la Fiscalía de Estado. Sobre este último organismo, el diputado cuestionó el mecanismo de designación de sus abogados y abogadas, al señalar que se trata de nombramientos sin controles externos ni criterios de transparencia claros, con percepciones salariales que incluyen sueldos, aguinaldos y honorarios profesionales.
Otro de los ejes críticos estuvo centrado en la imposición de costas judiciales a trabajadores y trabajadoras que litigan contra el Estado provincial. Delgado Sempé advirtió que esta práctica funciona como un factor disuasorio para futuros reclamos y restringe el acceso real a la Justicia, al trasladar el riesgo económico a quienes impulsan demandas contra el poder público.
El legislador también puso el foco en la existencia de una Dirección de Estadísticas dentro del ámbito judicial que, según afirmó, informa a jueces y juezas sobre el impacto de sus sentencias en la opinión pública. Desde su perspectiva, ese mecanismo podría condicionar el contenido de los fallos y afectar la imparcialidad que debe regir el ejercicio de la función judicial.
En ese contexto, Delgado Sempé alertó que la falta de independencia del Poder Judicial no es un problema técnico ni corporativo, sino un riesgo institucional para el sistema democrático.