23 de octubre de 2025
BARILOCHE
Referéndum: ahora piden al STJ que adelante el fallo para “acortar la incertidumbre”
Los concejales de la oposición solicitaron al máximo tribunal que no espere a los plazos máximos para definir si se hace o no el referéndum que impulsa el intendente Walter Cortés para el 9/11. Julieta Wallace (Incluyendo) advirtió a La Tecla Patagonia que la dilación podría “traer aparejado un problema procesal”
Concejales de Bariloche que reclamaron al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro que declare nulo el referéndum popular que impulsa el intendente Walter Cortés para el 9 de noviembre, hicieron una nueva presentación. Esta vez, manifestando su preocupación por la fecha en que el STJ dará a conocer su fallo, tan solo dos días antes de la fecha convocada para la consulta popular, y pidieron una medida cautelar de suspensión.
El 18 de octubre, el STJ difundió el cronograma que se fijó para resolver el planteo de los concejales Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten (Incluyendo), Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro), Roxana Ferreyra (Nos Une) y Samantha Echenique (Cambia Río Negro), donde plantaron que una “intromisión” del intendente en las funciones y atribuciones del Concejo Deliberante, toda vez que busca resolver mediante un referéndum una serie de discusiones que fueron puestas sobre la mesa en el Concejo mediante diferentes proyectos ya presentados.
Según ese esquema, los jueces se tomarían el máximo plazo previsto y concluirían la ronda de votación dos días antes de la fecha fijada para realizarse el referéndum. Según el sorteo, Ricardo Apcarian tiene plazo hasta el próximo lunes para expedirse. Luego es el turno de Liliana Piccinini, Sergio Ceci, Sergio Barotto y Cecilia Criado, que tiene tiempo hasta el jueves 6 de noviembre.
En diálogo con La Tecla Patagonia, Wallace explicó que “entendemos que esta situación actual genera incertidumbre en la ciudadanía" porque la gente se pregunta "¿se hace o no se hace?", además de "gastos de fondos públicos como ya se realizaron –25 millones de pesos del Municipio y 10 millones de Provincia- y que podría incluso traer aparejado un problema procesal si es que la sentencia se dicta el último día hábil, previo al referendum, para notificarla”.
La abogada que patrocina a los ediles, Griselda Ingrassia, agregó que si los jueces se toman los tiempos máximos fijados y la sentencia dispusiera eventualmente la nulidad del referéndum “podría darse el escenario en que haya que habilitar días y horas inhábiles para notificar”, con el acto electoral ya organizado e implementado en todos sus detalles.
El procurador general Jorge Crespo emitió un dictamen no vinculante en el que les dio la razón a los concejales.