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15 de octubre de 2025
RIO NEGRO

Denuncian a una diputada por incompatibilidad, al ejercer la medicina siendo legisladora

El exfiscal de Investigaciones Administrativas y actual dirigente de La Libertad Avanza en Bariloche, Marcelo Ponzone, acusó a la diputada del PRO, Gabriela Picotti, de seguir ejerciendo como oftalmóloga y refrescó un antecedente de 2017. La legisladora negó la acusación ​​​​​​​

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El exfiscal de Investigaciones Administrativas y actual dirigente de La Libertad Avanza en Bariloche, Marcelo Ponzone, denunció penalmente a la legisladora del PRO, Gabriela Picotti, por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su función pública.

En una presentación realizada ante los Tribunales de Bariloche, Ponzone denunció que la diputada habría continuado con su actividad profesional como médica oftalmóloga mientras ejerce como legisladora, algo que  está prohibido en la Constitución provincial y contraviene la Ley de Ética e Idoneidad en la Función Pública. Las únicas actividades permitidas en simultáneo son docencia e investigación.

La denuncia fue acompañada por una factura del Centro Quirúrgico del Sur de General Roca, emitida a nombre de Picotti por un monto de 111.320 pesos, en la que se consigna la prestación de un “Oct. bilateral con la Dra. Picotti, Gabriela”. 


Para Ponzone, el documento demuestra la continuidad de su actividad médica. Agregó que además la legisladora figura en la cartilla de profesionales activos, lo que implicaría un vínculo con el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS).
“Ese vínculo, de confirmarse, representaría la percepción de ingresos indebidos y un conflicto de intereses con su función pública”, señala el texto presentado por el exfiscal, y recordó un antecedente que hubo en la provincia. 

El ex legislador peronista Luis Bartorelli fue condenado en 2017  por una situación similar. En este caso, fue acusado de ejercer la medicina mientras integraba el parlamento provincial. La condena por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" tuvo una pena de una multa de 12.500 pesos (aproximadamente un millón de pesos en la actualidad) y seis meses de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos. 

La investigación del caso estuvo a cargo de Ponzone, que por entonces se desempeñaba como fiscal de Investigaciones Administrativas.

En respuesta a la denuncia, Picotti difundió un comunicado donde aseguró no tener “ningún tipo de vínculo laboral, contractual ni económico con el IPROSS, ni con ninguna otra obra social, consultorio, clínica o instituto de salud”. Agregó que “es absolutamente falso que haya trabajado o emitido facturación alguna durante el desempeño de mi función pública”.

Confío en la Justicia y en que pronto se comprobará la falsedad de estas acusaciones. Donde afirmó que “Siempre actué con transparencia, respeto y responsabilidad en el ejercicio de mi cargo. Confío en la Justicia y en que pronto se comprobará la falsedad de estas acusaciones”.


 

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