8 de octubre de 2025
CONGRESO
División entre los diputados patagónicos en la votación por la limitación de los DNU
La Cámara baja aprobó una reforma que obliga al Congreso a tratar los Decretos de Necesidad y Urgencia en 90 días. De la Patagonia, siete legisladores votaron a favor, ocho en contra, tres se abstuvieron y dos estuvieron ausentes. El proyecto vuelve al Senado
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto que modifica el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una iniciativa que impone mayores controles parlamentarios sobre estas herramientas del Poder Ejecutivo. La votación, que se desarrolló en una sesión especial cargada de tensión, culminó con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones. El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, regresa ahora a dicha cámara para su revisión tras las modificaciones introducidas.
La iniciativa establece que todo DNU emitido por el presidente Javier Milei deberá ser tratado por el Congreso en un plazo máximo de 90 días corridos. Si no obtiene tratamiento dentro de ese lapso, caducará automáticamente. Además, para mantener su vigencia, requerirá la aprobación expresa de ambas cámaras, lo que modifica el esquema vigente, donde los decretos permanecen en efecto salvo que sean rechazados explícitamente por Diputados y Senadores.
En lo que respecta a la representación de las provincias patagónicas, la votación mostró un panorama diverso. Por Chubut, los diputados Eugenia Alianiello y José Glinski, ambos de Unión Por La Patria, votaron a favor. Jorge Ávila, de Encuentro Federal, y Ana Clara Romero, del Pro, se abstuvieron. César Treffinger, de La Libertad Avanza, votó en contra.
Desde Neuquén, Tanya Bertoldi y Pablo Todero, de Unión Por La Patria, apoyaron el proyecto. En contra se manifestaron Pablo Cervi, de la Liga del Interior, y Nadia Márquez, de La Libertad Avanza. Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino, se registró como ausente.
La delegación de Río Negro tuvo una postura dividida. Martín Soria, de Unión Por La Patria, votó afirmativamente. En cambio, Sergio Capozzi y Aníbal Tortoriello, ambos del Pro, junto con Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, emitieron votos negativos. Agustín Domingo, de Innovación Federal, estuvo ausente.
Por Santa Cruz, los diputados Gustavo González y Ana María Ianni, de Unión Por La Patria, votaron a favor. José Luis Garrido y Facundo Prades, de Por Santa Cruz, votaron en contra. Roxana Reyes, de la UCR, optó por la abstención.
En cuanto a las intervenciones de los sureños en recinto, La diputada Nadia Márquez (LLA-Neuquén) fundamentó su voto negativo con un extenso análisis jurídico y político. Cuestionó la constitucionalidad del proyecto, argumentando que "establecer una materia única para los DNU es violatorio a la Constitución" y que el rechazo automático a los 90 días "le quita seguridad jurídica". Recordó que en la reforma constitucional de 1994 se debatieron modelos como el italiano y francés que establecían plazos, pero fueron rechazados por el PJ de entonces. Afirmó que con la ley actual "se ha podido controlar al Ejecutivo", citando como ejemplos el rechazo de DNU y las interpelaciones realizadas. Concluyó que la reforma busca "una restricción arbitraria de las facultades constitucionales con fines políticos coyunturales".
Por su parte, el diputado Osvaldo Llancafilo (MPN-Neuquén) cuestionó el momento elegido para tratar la reforma, preguntándose si "modificar la ley de DNU es un tema que esté hoy en la agenda de la gente". Reconoció que "no está bien que sea una forma de gobernar utilizando los decretos de necesidad y urgencia", pero enfatizó que "en lo que no estamos de acuerdo es en que se haga a 20 días de una elección". Criticó la "oportunidad política" detrás de la iniciativa y afirmó que si realmente se busca fortalecer los poderes del Estado, "no hay que hacerlo en el marco de un escenario político electoral". Finalmente, reclamó por los derechos de los bloques minoritarios, denunciando el intento de "cercenar el uso de la palabra a las provincias argentinas".
El oficialismo anticipó que, de convertirse en ley, el proyecto será vetado, lo que abriría una nueva pulseada política. La sesión también incluyó debates sobre interpelaciones a funcionarios y otros temas de agenda, en un clima de fuerte confrontación entre el Gobierno y la oposición.