3 de octubre de 2025
RIO NEGRO
Weretilneck mete la mano en la lata y le quita una tasa clave a los judiciales
La Legislatura, con mayoría oficialista, aprobó en primera vuelta un controversial proyecto que deroga la contribución obligatoria del 2 por mil sobre el monto de juicios destinada al Sindicato de Trabajadores Judiciales. La oposición y el sindicato salieron con los tapones de punta
En un controvertido debate, la Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta un proyecto impulsado por el oficialismo que deroga la contribución obligatoria del 2 por mil sobre el monto de juicios contenciosos o voluntarios, destinada al Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur).
La medida, que contó con 34 votos a favor y 9 en contra, ha sido duramente cuestionada por su potencial para debilitar la estructura sindical y vulnerar principios constitucionales de libertad sindical, dejando en jaque beneficios esenciales para cientos de familias de trabajadores judiciales.
El oficialismo, liderado por Juntos Somos Río Negro (JSRN), defendió la eliminación argumentando que se trata de una "carga injusta" impuesta a "terceros ajenos" al sindicato, sin contraprestación alguna. La autora del proyecto, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), la calificó como un "impuesto encubierto" o "peaje sindical" que encarece el acceso a la justicia y viola el principio de gratuidad judicial.
Legisladores como Lucas Pica y Facundo López la tildaron de "anómala" y "privilegiada", estimando que genera hasta 200 millones de pesos anuales para el gremio, y negaron que afecte la negociación colectiva, al tiempo que criticaron al sindicato por no transparentar sus finanzas.
Sin embargo, estas justificaciones han sido ampliamente rebatidas como un pretexto para "disciplinar" a un gremio combativo. Críticos del proyecto advierten que esta derogación no solo ignora el rol histórico del aporte —vigente desde hace décadas como mecanismo de financiamiento sindical reconocido por ley provincial— sino que agrava las desigualdades en el acceso a la justicia al desfinanciar servicios sociales clave, sin abordar las verdaderas barreras: costas judiciales exorbitantes, demoras crónicas y una tasa de justicia que sigue siendo prohibitiva para los sectores vulnerables.
Voces opositoras: un ataque a la paz social y los derechos laborales
La oposición, integrada por bloques como Vamos con Todos (VcT) y el PJ-NE, levantó la voz en contra, denunciando que la medida "rompe la paz social" y busca "silenciar" a los trabajadores judiciales en un contexto de creciente conflictividad laboral.
La legisladora Magdalena Odarda (VcT) alertó que el 2 por mil es un "costo mínimo" destinado a fines sociales y sanitarios —como cobertura de farmacia, estudios bioquímicos, alojamiento social y paritarias— y que su eliminación contraviene compromisos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recientemente notificó una queja por posibles vulneraciones a la libertad sindical.
Leandro García (PJ-NE) ironizó que el proyecto "no resuelve nada" en materia de acceso a la justicia, ya que solo reduce un 20% los costos iniciales de una demanda, y apuntó a un "objetivo real: disciplinar un sindicato que critica la gestión gubernamental".
Luciano Delgado Sempé (VcT) acusó al oficialismo de "coherencia selectiva" al atacar a los trabajadores mientras defiende "corporaciones" como el Superior Tribunal de Justicia, con sus altos sueldos y viáticos, y cuestionó por qué no se debate una reforma integral en lugar de este "golpe quirúrgico" contra Sitrajur.
Ana Marks (PJ-NE) y José Luis Berros (VcT) coincidieron en que la premura del trámite —justo tras la queja de la OIT— evidencia una "matriz de pensamiento" para empobrecer a los judiciales, eliminando beneficios directos de salud y recreación que impactan en sus familias.
"Esto no es equidad; es un intento de arrodillar a quienes defienden derechos básicos", sentenció Berros, recordando que las verdaderas "vallas" al Poder Judicial son la impunidad en casos sensibles y las dilaciones procesales, no un aporte que fortalece la estabilidad laboral.
La dura reacción de Sitrajur: "Un asalto frontal a los derechos de los trabajadores judiciales"
El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur) reaccionó con vehemencia ante la aprobación, calificándola como "un asalto frontal a los derechos sindicales y un retroceso en la negociación colectiva".
En un comunicado oficial, el secretario general del gremio, Gerardo Masari, denunció que el proyecto "no busca mejorar el acceso a la justicia, sino debilitar a un sindicato independiente que ha visibilizado las deficiencias del sistema judicial rionegrino, como la falta de recursos y las condiciones laborales precarias".Masari enfatizó que el 2 por mil "no es un privilegio, sino un fondo esencial para sostener obras sociales que benefician directamente a más de 1.200 afiliados y sus familias, cubriendo desde atención médica hasta actividades recreativas y apoyo en paritarias".
"Eliminarlo significa poner en riesgo la salud y el bienestar de trabajadores que garantizan el funcionamiento diario de los tribunales, mientras el oficialismo ignora los verdaderos privilegios: presupuestos millonarios para el Poder Judicial sin control", agregó.
El gremio anunció que impulsará acciones legales ante la Justicia provincial y federal, y apelará a la OIT para resguardar la autonomía sindical. "Esta medida no nos callará; al contrario, nos motiva a redoblar esfuerzos por una justicia accesible y justa para todos, no solo para los que alinean con el poder", concluyó Masari, llamando a la ciudadanía a rechazar "este intento de corporativismo inverso que castiga a los que menos tienen voz".
Con la segunda vuelta pendiente, el proyecto expone profundas fisuras en la Legislatura y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre reformas judiciales y la protección de derechos laborales. Críticos temen que, de aprobarse, no solo afecte a Sitrajur, sino que abra la puerta a un desmantelamiento sistemático de mecanismos sindicales en la provincia, en detrimento de la estabilidad social.