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Martes, 23 septiembre 2025
Argentina
23 de septiembre de 2025
NEUQUEN

Estafas con planes sociales: condenaron a 12 imputados por administración fraudulenta

El Tribunal consideró acreditado un esquema de fraude dentro del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión pasada, que desvió más de 150 millones de pesos destinados a asistencia social. No obstante, descartó la figura de asociación ilícita que había solicitado la fiscalía

Estafas con planes sociales: condenaron a 12 imputados por administración fraudulenta
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El juicio por las estafas con planes sociales en Neuquén tuvo este martes un veredicto clave. Por unanimidad, los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees declararon responsables a 12 de los 14 imputados por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. El fallo descartó, sin embargo, la acusación de asociación ilícita planteada por el Ministerio Público Fiscal, que implicaba una calificación de mayor gravedad.

Según explicó en la lectura del fallo el juez Guaita, quedó probado que en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, a través de distintas direcciones y jerarquías, se implementó “una administración fraudulenta contra la administración pública provincial, que captó beneficiarios, falsificó documentos, desvió fondos y consolidó un patrimonio ilícito destinado a gastos de sostenimiento y a alimentar una estructura de clientelismo político”. El magistrado subrayó que el mecanismo fue “concertado, sostenido en el tiempo y de gravísimo perjuicio para el erario público”.

El esquema, probado en juicio, funcionó entre septiembre de 2020 y julio de 2022 y alcanzó un monto total de 153 millones de pesos. Las maniobras incluían la retención de tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales, quienes en algunos casos recibían apenas un 10% del subsidio, mientras que el resto del dinero era apropiado por funcionarios y empleados del ministerio. Los jueces remarcaron que el ardid explotó la vulnerabilidad de personas desocupadas, adultos mayores o familias con integrantes discapacitados.

En su análisis, el tribunal diferenció el delito probado de la figura de asociación ilícita. El juez Kees puntualizó que “no se acreditó que los imputados hayan tenido la intención de conformar una asociación destinada a cometer delitos en forma permanente”, aunque reconoció la existencia de un fraude sistemático y organizado. Por eso, absolvieron a todos los acusados en relación a la asociación ilícita y confirmaron la responsabilidad por administración fraudulenta.

Los condenados como coautores son el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; el excoordinador provincial de Administración, Tomás Siegenthaler; el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el exdirector de Finanzas, Luis Gallo; la exdirectora de Finanzas, Laura Reznik; la exdirectora de Tesorería, Julieta Oviedo; y el exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sanz. Como partícipes primarios fueron responsabilizados Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury.

En tanto, dos de los imputados resultaron absueltos luego de que la fiscalía desistiera de acusarlos: en un caso, por no estar en condiciones de comprender la ilegalidad de los actos, y en el otro, por falta de pruebas.

El veredicto se suma a nueve condenas previas logradas por vía de juicio abreviado, en las que los acusados aceptaron su participación en tareas como el retiro de dinero de cajeros automáticos, el cobro de cheques o la búsqueda de beneficiarios. En esos casos, las penas fueron de tres años de prisión condicional y el pago de sumas a instituciones de bien público.

El tribunal también cuestionó el trabajo de la fiscalía y la exhortó a profundizar la investigación. Los jueces señalaron que durante el juicio surgieron testimonios sobre hechos previos y sobre la posible participación de “referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino” que no fueron parte de la acusación, lo que abre la puerta a nuevas causas en el fuero penal.

En la próxima audiencia se definirá la pena que recibirán los condenados. La figura de administración fraudulenta agravada prevé sanciones de entre dos y seis años de prisión.

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