16 de septiembre de 2025
RIO NEGRO
La Justicia ordenó a Sierra Grande devolver a Nación fondos del programa Techo Digno
Un fallo de primera instancia ordenó al municipio rionegrino reintegrar al Estado nacional una parte del dinero enviado entre 2014 y 2015 para la construcción de 40 viviendas que nunca se hicieron. Los ex intendentes Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren están imputados

El municipio rionegrino de Sierra Grande deberá devolver a la Nación una parte de los fondos recibidos para planes de viviendas del programa Techo Digno entre 2014 y 2015. La inusual medida surge de una decisión de la justicia federal, aunque seguramente será apelada por el municipio.
La titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 5 de Capital Federal, Alejandra Scalise Aguero, hizo lugar a una demanda tramitada por el ministerio del Interior en 2019. La investigación comenzó en el 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri abrió la investigación penal y luego, la administración de Alberto Fernández, continuó el reclamo en el fuero provincial.
El fallo de Scalise Aguero condenó al municipio de Sierra Grande al pago de 18.140.000 pesos en favor del Estado nacional, más los intereses. Se estima que el monto total superará los 200 millones de pesos por la no finalización del plan de viviendas para el cual habían sido enviados los fondos.
En 2014, el entonces intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, firmó el convenio con Nación, pero sólo se ejecutó un 34% de la obra, consistente en 40 viviendas, pese a que Nación envió el total de las transferencias. Tamburrini y su sucesor, Nelson Iribarren, están imputados al igual que una docena de intendentes de la provincia.
En su demanda en la justicia, el Gobierno nacional requirió a los intendentes que se le devuelvan las “sumas de dinero -con sus intereses- por el incumplimiento de convenio” de las construcciones de las viviendas. Argumentó que en un relevamiento realizado se habría constatado que el dinero no habría sido aplicado a la construcción de las viviendas programadas, “mediante la utilización de documentación falsa” y que los controles mínimos no se llevaron a cabo “actuando negligentemente, posibilitando con dicho actuar que se causara un perjuicio al erario público”.
El fallo de primera instancia sostiene que se incurrió en un “doble perjuicio”. Por un lado, el incumplimiento de la obra, dejando habitantes sin vivienda, y por el otro, no haber destinado los fondos públicos al fin dispuesto.
Entre las irregularidades que detectó la justicia en su investigación, figuran que el “acta de fin de obra se encontraba firmada solamente por el intendente Enzo Tamburrini, sin contar con la firma de un representante técnico del Municipio”. Además, se habría “dejado constancia de la diferencia de caligrafía en las firmas imputadas al intendente” en relación a la existente en el convenio original en relación al acta de finalización de ejecución.
Por otra parte, el municipio “habría certificado irregularmente el 65,31% ($11.823.722,40) de la obra, cuando sólo habría ejecutado físicamente el 34,69% ($6.280.277,60)”.
En marzo del 2019, el ministro de Obras Públicas de Nación habría intimado al municipio (a cargo de Nelson Iribarren) para el reintegro de los fondos y, luego, en lo judicial, el municipio nunca respondió y, además, en noviembre del 2023 (ya segunda gestión de Tamburrini), se lo declaró en rebeldía.
Al final, la jueza afirmó que el municipio demandado “no ha comparecido y alcanza para demostrar su responsabilidad respecto de la deuda que se le atribuye”. Así resolvió en favor de la demanda y condenó al Estado de Sierra Grande para que “abone $18.104.000 más los intereses”.
Foto: diario Río Negro.