5 de septiembre de 2025
GREMIALES
Santa Cruz aplicó una multa millonaria a ADOSAC por incumplir la conciliación obligatoria
La sanción supera los 13.800 millones de pesos y se fundamenta en la adhesión masiva al paro de docentes los días 7 y 8 de julio, durante la vigencia de la conciliación obligatoria. El gremio anticipó que cuestionará el procedimiento
El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz resolvió aplicar una multa histórica a la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), al considerar que el gremio incumplió la conciliación obligatoria dictada el 7 de julio pasado y llevó adelante un paro provincial de 48 horas. Según el dictamen oficial, la sanción asciende a $13.842.163.080,72, cifra que surge de multiplicar el salario de la categoría Maestranza Inicial “A” por la cantidad promedio de docentes adheridos, con un adicional del 30% por reincidencia.
El gobierno provincial argumentó que ADOSAC notificó formalmente la medida de fuerza y que su cumplimiento fue constatado por el Consejo Provincial de Educación, que relevó más de 8.400 adhesiones diarias.
En el expediente se detalla que la huelga impactó en todos los niveles educativos e impidió el normal dictado de clases, afectando —según la resolución— el derecho a la educación de niños, adolescentes y adultos en la provincia.
La defensa del gremio presentó un descargo en el que cuestionó la competencia del Ministerio de Trabajo y la validez de la conciliación obligatoria, pero el dictamen oficial consideró esas objeciones improcedentes, al señalar que la organización sindical había participado de las audiencias convocadas.
Además, el informe subraya que ADOSAC acumula 23 días de medidas de fuerza en lo que va del ciclo lectivo, pese a haber firmado un acuerdo paritario en marzo que, según el gobierno, fijó aumentos salariales por encima de la inflación proyectada.
La resolución, notificada este viernes, emplaza al sindicato a presentar descargos adicionales y a preparar eventuales recursos de apelación. Desde el gremio anticiparon que evaluarán acciones legales para revertir la sanción, a la que califican como una medida “desproporcionada y persecutoria”.