El gobernador, Alberto Weretilneck, envió a la Legislatura un proyecto que modifica la ley vigente y permite a los agentes públicos la libre elección de la prestadora. Los detalles y el poroteo en los bloques
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El gobernador Alberto Weretilneck remitió a la Legislatura rionegrina, un proyecto para reformar la Ley K N° 2753, orgánica del Instituto Provincial del Seguro de Salud. El envío pide tratamiento en única vuelta, al amparo del artículo 143 inciso 2 de la Constitución provincial. El eje es simple de enunciar y más denso de instrumentar: los agentes públicos provinciales y municipales, en actividad o en pasividad, dejan de estar atados de manera irrevocable al IPROSS y pasan a poder derivar su cobertura hacia otra entidad de salud. El Instituto sigue siendo el régimen de base; lo que cambia es que la obligatoriedad ya no equivale a imposibilidad de elegir.
El debate se dará en los próximos días en la Legislatura y aunque en general, hay acuerdo, la oposición pedirá más información sobre algunos puntos clave.
La principal preocupación tiene que ver con el desfinanciamiento de la ya sensible caja de la obra social provincia.
La letra fina La opción la presenta el afiliado obligatorio directo y arrastra, de manera inseparable, a todo el grupo a cargo. No rige al día siguiente: produce efectos recién el primer día del segundo mes posterior a la presentación, un compás pensado para que el Instituto y la entidad receptora organicen padrones, aportes y prestaciones. Quien se va debe quedarse al menos doce meses en la primera obra social o prepaga elegida. Recién después puede volver a optar, pero esa segunda mudanza, hacia otra entidad o de regreso al IPROSS, exige una permanencia mínima de treinta y seis meses.
El texto lo justifica como dique contra la “selección adversa”: evitar que el afiliado entre y salga según le convenga un trámite puntual y deje el costo de las enfermedades caras en la caja pública. Hay una válvula de escape. Si la cobertura en la entidad receptora se cae por causas no imputables al afiliado, rescisión dispuesta por esa entidad o pérdida de capacidad prestacional, la reincorporación al IPROSS es de pleno derecho y sin carencias, incluso antes de que venzan los plazos de permanencia.
Los tratamientos en curso no se cortan: hasta la fecha de efectos de la opción los paga el Instituto; desde ese día, la entidad receptora. Antes de firmar, el IPROSS debe informar de modo fehaciente qué cobertura se abandona, cuál es el régimen de permanencia y en qué condiciones se vuelve. Las deudas cruzadas entre afiliado e Instituto no se extinguen por el solo hecho de optar.
No todos pueden irse. Quedan excluidos quienes ejercen cargos electivos, cargos de designación política, autoridades superiores de los tres poderes, organismos de control y empresas del Estado.
El fundamento que envía el Ejecutivo es de “ejemplaridad” y prevención de conflicto de intereses: quien define o controla la política sanitaria y administra fondos afectados al Instituto no puede sustraerse individualmente al régimen que gobierna.
El que sí opta asume por su cuenta las diferencias de cuota o arancel que la entidad receptora cobre por encima del aporte personal transferido. Provincia, municipios e IPROSS quedan eximidos de responsabilidad si después hay interrupción, insuficiencia o falta de cobertura en esa relación privada.
La arquitectura financiera es el corazón de la reforma y el punto que más debate va a abrir. El cien por ciento del aporte personal, 4% del activo, 5,5% del pasivo, se deriva mes a mes a la entidad elegida.
El empleador sigue siendo agente de retención. En cambio, el 7% de contribución patronal del Estado provincial o municipal no se mueve: ingresa íntegro e intangible al IPROSS y está prohibido transferirlo. Ese 7% queda afectado a planes ya existentes.
La lógica que escribe Casa de Gobierno es que la libertad individual no puede vaciar los programas de alta complejidad que el Instituto sostiene para el conjunto del padrón.
Hay un límite operativo adicional: los jubilados y pensionados cuyos haberes liquida un organismo previsional nacional no podrán ejercer la opción hasta que exista un convenio de derivación con ese organismo. Sin convenio, el derecho no es operativo. El proyecto actualiza además la definición institucional del IPROSS: igualdad de acceso, equidad en la asignación de recursos, autocuidado y medicina basada en la evidencia, con la excepción expresa del nuevo artículo 3° bis.
El paquete llega con el sello político de un Acuerdo de ministros y con pedido de sanción rápida.
En la Legislatura que preside Pedro Pesatti el debate no va a girar solo sobre si “se puede elegir o no”. Va a girar sobre si el 7% del aporte patronal alcanza para sostener la arquitectura de los planes de alta complejidad del Instituto, como oncología, discapacidad, etc. Y si esta “libertad” no será una bomba de tiempo para las administraciones futuras de la provincia.
La letra fina ya está en el despacho. Ahora empieza el debate profundo y el recuento de voluntades.
Legislatura Apoyos con cautela en los bloques: el poroteo en el recinto
El proyecto de Weretilneck que elimina la afiliación obligatoria al IPROSS y habilita a estatales activos y pasivos a elegir otra cobertura ya está en la Legislatura y apunta a la sesión del 24.
De acuerdo al relevamiento previo realizado por La Tecla Patagonia, en general cuenta con apoyos, aunque con reparos. El PRO reivindica autoría. Presentó la idea en 2024 y la reiteró en 2026. Dice que el Estado debe garantizar el acceso a la salud, no decidir quién la presta; que no busca liquidar al IPROSS, sino que deje de ser cautivo; y que si la obra social es buena, la gente la elige. Toman como antecedente el DNU 70/2023. Celebran que el Gobierno “tome nuestro proyecto”, con el único reproche de la demora, igual que con Ficha Limpia.
Vamos con Todos, de José Luis Berros, pide primero constituir la Comisión Especial de Seguimiento del IPROSS. Advierte que una reforma de esta envergadura no puede hacerse “unilateral y a espaldas” de quienes integran la obra social, y alerta el riesgo de desfinanciamiento y “virtual privatización”. Reclama convocar gremios, trabajadores y organizaciones antes de votar. La CC-ARI aún analiza internamente su posición, al igual que la UCR, suelen votar en alianza con el Poder Ejecutivo. Se espera que analicen el proyecto, quizás propongan algún cambio, pero acompañarían. Resta definir posiciones los bloques más chicos, pero el oficialismo contaría con los números para avanzar. Se prevé que la semana la titular del IPROSS esté en la Legislatura para explicar los alcances y el impacto de la iniciativa.
Ivana Porro (Titular IPROSS) “La libre elección es un desafío y nos obliga a ser mejores”
“En primer lugar, me gustaría hablar de cómo está funcionando y cómo se está administrando el IPROSS. Es importante destacar qué es lo que hoy está recibiendo el afiliado de su obra social”, sostuvo en diálogo con La Tecla Patagonia la titular del organismo, Ivana Porro.
Agregó: “En cuanto a medicamentos, los afiliados pueden retirar sin inconvenientes en cualquier farmacia su medicación ambulatoria, crónica. Hoy un afiliado no se va a encontrar con que le digan que el IPROSS está cortado. Al contrario: se va a ir con su medicación y con una cobertura que ha aumentado en los últimos meses, con planes oncológicos y de discapacidad al cien por cien”.
“Otra medida importante, y hacia dónde vamos, es la modernización y transformación digital. Estamos ejecutando cambios para una gestión moderna: menos papeles, menos afiliados en las delegaciones, menos trámites presenciales. El afiliado puede realizar un montón de trámites vía online a través del portal de autogestión y de la aplicación. Seguimos avanzando para agregar más funcionalidades y beneficios, sin dejar de lado la atención en cada rincón de la provincia para dar una respuesta más rápida y ágil”, sostuvo la funcionaria.
Sobre la decisión de la libre elección remarcó: “Llevamos a cabo una administración ordenada y eficiente que permite hoy tomar esta decisión de darle la libertad al que se quiere ir y la solidaridad para el que se quiere quedar. Estamos cuidando los recursos que son los aportes de nuestros afiliados e implementando medidas que generan un ahorro sustancial, volcado en las prestaciones y en una mayor cobertura. Hoy, con el proyecto de ley que se pretende aprobar, el Gobernador quiere ponerle fin al autoritarismo, reconociendo la libertad de elección de cada trabajador y jubilado de Río Negro, pero defendiendo al mismo tiempo el espíritu solidario de la ley de creación del IPROSS”.
En este sentido dijo Porro: “Con esta administración estamos en condiciones de competir. La libre elección es un desafío mayor y nos obliga a ser mejores, a salir al mercado y brindar un servicio de salud de calidad superior. El IPROSS es una obra social ordenada, previsible y responsable. Esta decisión del gobernador nos fortalece para continuar por ese camino de transformación permanente. No somos ajenos al momento difícil que atraviesa el sistema sanitario. En este marco decidimos hacerle frente con orden, administración eficiente y garantizando la sustentabilidad del sistema solidario para más de 166 mil afiliados. Los que más aportan, los más sanos, sostienen a los que menos aportan, a los más enfermos. Ese es el principio solidario de esta ley”.
Sobre las limitaciones indicó: “Queda exceptuado del derecho de opción todo el personal que revista autoridad superior en los tres poderes del Estado y los organismos de control, provinciales o municipales.
El aporte del 4% que se retiene por recibo de sueldo va a ir íntegramente, el 100%, a la obra social o cobertura pública o privada que elija el afiliado. El 7% de contribuciones patronales queda en el Estado provincial para financiar y sostener el sistema, con destino específico: plan oncológico y planes especiales al cien por cien, discapacidad y prestaciones especiales, y farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas”.
Por último, aclaró que “los jubilados y pensionados que cobran del organismo nacional tienen el mismo tratamiento: lo que hoy aportan al IPROSS y se retiene en el recibo va a transferirse íntegramente a la entidad que elijan, si se quieren ir del IPROSS”.
Escenario sindical Opiniones dividas y sospechas entre los principales gremios provinciales
El frente sindical rionegrino no habla con una sola voz. ATE se pronunció a favor. UNTER, UPCN y ASSPPUR, en contra. El gremio de estatales, conducido por Rodrigo Vicente, respaldó que cada trabajador decida su cobertura. No lo lee como el fin del IPROSS, sino como una presión concreta para mejorar prestaciones. En esa línea se acerca al argumento oficial: si la obra social compite, tiene que jerarquizarse para no perder afiliados.
UPCN salió a defender el carácter solidario del instituto. Recordó que nació bajo ese principio y pidió preservarlo. También apuntó a la conducción actual: reclamó que reconozca “incompetencia”, dé un paso al costado y abra una etapa con más peso gremial. UNTER fue más duro. Habló de un posible vaciamiento y sostuvo que, con salarios bajos y un IPROSS “prácticamente fundido”, los estatales no son “los mejores candidatos” para que una prepaga los admita. Reclamó, además, recuperar lugar en el Consejo de Administración: “La salud no puede quedar en manos de decisiones tomadas a espaldas de quienes aportamos”.
ASSPPUR se alineó con esa crítica y advirtió el riesgo de desfinanciar el sistema que hoy cubre a activos y pasivos.
El mapa queda partido de cara a la sesión del 24 donde podría comenzar el tratamiento. Uno de los gremios mayoritarios, como es ATE, se mostró a favor, mientras que los otros tres se pronunciaron en contra.
