23 de agosto de 2025
TURISMO
Dictamen fiscal abre un frente contra la desregulación en Parques Nacionales
La fiscal federal de Cámara en Comodoro Rivadavia, Silvina Ávila, respaldó el amparo de los guías de turismo de Santa Cruz contra la desregulación impulsada por la Administración de Parques Nacionales, al considerar que vulnera derechos ambientales, laborales y compromisos internacionales de la Argentina
La fiscal federal de Cámara en Comodoro Rivadavia, Silvina Alejandra Ávila, dictaminó a favor del amparo ambiental presentado por la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Santa Cruz (AGUISAC) contra las resoluciones de la Administración de Parques Nacionales que eliminan la obligatoriedad de contar con guías habilitados en excursiones. El pronunciamiento contradice el fallo de primera instancia y sostiene que la desregulación vulnera derechos ambientales y laborales, además de comprometer compromisos internacionales asumidos por Argentina.
El conflicto comenzó cuando la APN aprobó dos resoluciones que reemplazan el reglamento específico de guías en áreas protegidas por un sistema más flexible de permisos turísticos. Según AGUISAC, la medida pone en riesgo la calidad de la experiencia de los visitantes y genera un retroceso en la protección del patrimonio natural y cultural. En julio, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, rechazó el amparo, argumentando que se trataba de una controversia administrativa y no ambiental.
La apelación presentada por la asociación cambió el rumbo del caso. En su dictamen, Ávila sostuvo que los guías cumplen un rol esencial en conservación, educación y prevención de daños ambientales, y que excluirlos de manera obligatoria debilita la capacidad institucional del Estado. También remarcó que la medida contradice la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El escrito invocó principios clave del derecho ambiental como la prevención, la precaución y la progresividad, además del “in dubio pro natura”, que obliga a priorizar la protección de la naturaleza en caso de duda. Para la fiscal, no se trataba solo de un reclamo gremial, sino de un planteo de incidencia colectiva ambiental que involucra a toda la sociedad.
El dictamen también apuntó a la seguridad de los visitantes, al considerar que la eliminación del requisito de contar con guías genera una falsa equivalencia entre prestadores profesionales y personas sin formación, con riesgos potenciales para quienes recorren las áreas protegidas. Subrayó además que el derecho a un ambiente sano es condición indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos.
Desde AGUISAC celebraron la decisión como un paso fundamental en la defensa de sus derechos laborales y en la protección del ambiente. En un comunicado, remarcaron que su rol no se limita a acompañar turistas, sino que incluye educar, prevenir riesgos y resguardar el patrimonio de todos.
La disputa ahora queda en manos de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que deberá resolver si revoca el fallo de primera instancia y habilita el tratamiento sustancial del amparo. La definición es clave porque, de no mediar un freno judicial, la desregulación comenzará a aplicarse el 15 de septiembre, según ya ratificó la propia Administración de Parques Nacionales.