18 de agosto de 2025
CHUBUT
La Fiscalía pidió condenas de prisión efectiva por contaminación en el Golfo Nuevo a directivos de Conarpesa
Los fiscales solicitaron más de tres años de cárcel para dos responsables de la pesquera, acusados de volcar efluentes sin tratar al mar. Las pruebas incluyen pericias, inspecciones y mensajes internos entre los imputados
El juicio contra dos directivos de Conarpesa avanza en Puerto Madryn y se encamina a su etapa final. La Fiscalía pidió condenas de cumplimiento efectivo para Nadine Parry, responsable ambiental de la empresa, y para Brahim Yoosef Vargas, jefe de planta de efluentes, acusados de haber arrojado líquidos crudos provenientes del procesamiento de langostino directamente al Golfo Nuevo, sin pasar por tratamiento previo.
En su alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó penas de tres años y seis meses de prisión para Parry y tres años y tres meses para Vargas, basando la acusación en pericias científicas, actas de inspección, fotos y análisis de laboratorio que confirmaron la existencia de un sistema clandestino tipo “by pass” para desviar los efluentes al mar. Los resultados mostraron valores miles de veces por encima de lo permitido en parámetros como sólidos suspendidos, demanda bioquímica de oxígeno, amonio y presencia de bacterias como Escherichia coli.
Uno de los puntos más fuertes de la acusación fue la incorporación de mensajes internos de WhatsApp entre los imputados, que, según los fiscales, demuestran conocimiento pleno de la maniobra. En uno de esos chats, fechado el mismo día de los allanamientos, Vargas habría escrito: “no podemos derivar más al bay pass”, lo que evidenciaría la decisión consciente de operar el sistema de vertido irregular y ocultarlo a las autoridades.
La investigación se originó en 2023, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara un efluente anaranjado desembocando en el mar, lo que generó alarma pública y la intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal. Pericias del Cenpat-Conicet y testimonios de inspectores de Ecología, Policía y Policía Científica corroboraron que el líquido rojizo de fuerte olor provenía del predio de Conarpesa y alcanzaba incluso el alambrado perimetral de la planta.
Durante las audiencias también declararon testigos aportados por la defensa, entre ellos el arquitecto Daniel Blanchet, quien presentó pericias sobre colorantes utilizados en el seguimiento de los efluentes. Sin embargo, la Fiscalía considera que las pruebas acumuladas son contundentes para demostrar la responsabilidad penal de los imputados y de la propia compañía bajo la figura de contaminación ambiental tipificada en el Código Penal y la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
Conarpesa ha sostenido públicamente que los efluentes cuestionados no provienen de su planta, sino del caño troncal del parque industrial pesquero que comparten varias empresas. No obstante, la Fiscalía insiste en que la conexión clandestina detectada fue operada por la firma y que las evidencias demuestran un accionar deliberado.
La jueza Patricia Reyes deberá ahora evaluar los alegatos de ambas partes antes de dictar sentencia. La expectativa es alta en Puerto Madryn, donde el caso generó gran repercusión por el posible impacto en el ecosistema del Golfo Nuevo, una de las áreas de mayor riqueza pesquera y ambiental de la Patagonia.