7 de julio de 2025
LITIGIO
Nación analiza apelar para frenar un pago millonario por la represa Alicurá
Tras un fallo del CIADI que obliga al país a abonar US$ 716 millones a AES Corporation por la pesificación de contratos, la Casa Rosada evalúa pedir la nulidad del laudo. La hidroeléctrica está ubicada en el Río Limay, entre Río Negro y Neuquén
El Gobierno nacional estaría analizando la presentación de un recurso de anulación ante el CIADI para evitar el pago de 716 millones de dólares a la empresa AES Corporation, en el marco de un litigio internacional por la represa hidroeléctrica Alicurá, ubicada en la región del Comahue, sobre el Río Limay y compartida por las provincias de Río Negro y Neuquén.
El reclamo de AES fue iniciado tras la pesificación de los contratos de concesión dictada durante la salida de la convertibilidad en 2002. En aquel entonces, el Estado argentino modificó las condiciones de ingresos dolarizados de las empresas operadoras y mantuvo congeladas las tarifas por años, lo que derivó en una demanda basada en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con los Estados Unidos.
Aunque la compañía había reclamado inicialmente más de 1800 millones de dólares, el tribunal del CIADI —que depende del Banco Mundial— resolvió el pasado 31 de mayo que la Argentina debía pagar US$ 716 millones, un monto que el Ejecutivo considera inaceptable en el actual contexto fiscal.
La Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago Castro Videla, tiene plazo hasta fines de septiembre para presentar la apelación, lo que suspendería temporariamente la ejecución del fallo. Según fuentes oficiales, el recurso buscaría impugnar el laudo por diversas causales, como irregularidades procesales, extralimitación de facultades del tribunal, o eventuales vicios que permitan solicitar la nulidad del fallo.
Según trascendió, en la Casa Rosada no descartan que, si el pedido de nulidad no prospera, se intente una negociación para acordar un plan de pagos escalonado, aunque por ahora se niegan a conceder beneficios como la condonación de cánones futuros en favor de AES.
La represa Alicurá, construida en los años 80, es una de las principales generadoras de energía hidroeléctrica en la cuenca del Comahue. Actualmente su contrato de concesión está bajo revisión, en el marco de los debates por el futuro de las represas patagónicas cuya privatización impulsa el gobierno libertario. El oficialismo también estudia alternativas para avanzar en la transferencia de otras tres centrales de la región: El Chocón, Arroyito y Piedra del Águila, cuya concesión está cerca de vencerse.
El caso Alicurá se suma a otros litigios millonarios que enfrenta la Argentina en tribunales internacionales. Entre ellos, el fallo por la expropiación de YPF, en el que el país fue condenado a pagar más de US$ 16 mil millones a fondos como Burford Capital y Eton Park. A ello se suma una reciente condena por US$ 147 millones a la empresa Webuild, por congelamiento de tarifas en el puente Rosario-Victoria, y un proceso pendiente en el Reino Unido por el juicio del “Cupón PBI”, con una sentencia por US$ 1500 millones.