Mientras el gremio de conductores navales alcanzó un entendimiento que permite reactivar parte de la flota langostinera, los marineros del SOMU acusan a las cámaras empresariales de lockout y exigen el pago de salarios. La temporada 2025 aún no comienza

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El conflicto gremial que paraliza a la flota congeladora patagónica continúa sin resolverse por completo. Mientras el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) anunció un acuerdo temporario con las cámaras empresariales, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) denunció un “lockout patronal” y acusó a las empresas de haber dejado a los tripulantes sin ingresos desde marzo.

El entendimiento alcanzado por SICONARA con CAPECA y CAPIP establece un marco excepcional de producción para la presente temporada, con mejoras en el salario básico, actualización de valores por producción, eliminación de topes en la participación en ganancias y garantías de continuidad en los convenios colectivos. El acuerdo regirá hasta el 30 de diciembre de 2025 y podrá renovarse por voluntad de las partes. Además, contempla cláusulas de revisión trimestral y ajustes automáticos ante modificaciones en el precio internacional del langostino.

Desde el sindicato que representa al personal de máquinas señalaron que la decisión se tomó “ante el inminente riesgo de perder completamente la campaña”, lo que hubiese significado dejar amarrada la flota hasta 2026. “Con este punto de equilibrio preservamos el trabajo, el salario y la salud de nuestros afiliados”, indicaron desde la conducción gremial.

En contraste, el panorama del SOMU —que representa a los marineros— es radicalmente distinto. En una asamblea realizada en Puerto Deseado, trabajadores del sector criticaron duramente a la dirigencia nacional del gremio, encabezada por Hernán De Corte, por no aportar soluciones concretas frente a una crisis que ya lleva más de tres meses. “Decidan algo, porque nos estamos muriendo de hambre. La situación es crítica”, reclamaron los tripulantes ante la falta de definiciones.

El SOMU también presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Capital Humano, acusando a las cámaras CAPECA, CAPIP y CEPA de mantener detenida la actividad de manera ilegal desde el 17 de marzo. La presentación, firmada por el secretario general Raúl Durdos y el secretario de pesca Ángel Navarro, sostiene que las empresas incumplen con su obligación de brindar tareas efectivas y de abonar los sueldos básicos, violando los convenios colectivos y la legislación laboral.

“El lockout encubierto es inaceptable. Las zonas de pesca siguen cerradas, pero los marineros están sin ingresos desde hace meses. Las empresas no pueden escudarse en la veda para incumplir sus obligaciones. Hay trabajadores con derechos alimentarios que hoy no pueden sostener a sus familias”, advirtieron desde el gremio.

El SOMU también denunció “persecución sindical” y reclamó la intervención urgente del Estado nacional para mediar en el conflicto, que pone en juego no solo el inicio de la temporada, sino también la estabilidad de miles de familias en puertos patagónicos.

El conflicto de la flota congeladora impacta de lleno en la economía de localidades como Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado, donde la zafra de langostino representa una de las principales fuentes de empleo y actividad económica.

Hasta el momento, solo SICONARA y la Asociación de Capitanes han logrado acuerdos parciales. La falta de consenso con el SOMU impide que se habilite la salida completa de los buques, lo que mantiene paralizada la flota en medio de uno de los inviernos más fríos de los últimos años.

Desde los gremios más combativos señalan que, mientras se firman acuerdos sin participación de todos los sectores, las empresas buscan fragmentar la negociación y avanzar con un modelo más precarizado. “Se firmaron actas sin consulta y se impusieron condiciones que no garantizan derechos básicos. Lo mínimo es el salario. Y ni eso están pagando”, advirtieron desde Puerto Deseado.

La expectativa ahora está puesta en una nueva ronda de negociaciones prevista para la semana entrante. Sin una solución integral, el inicio de la temporada langostinera 2025 —clave para el litoral marítimo de la Patagonia— seguirá condicionado por un conflicto que ya suma más de 100 días de incertidumbre.

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