La República Argentina le pidió hoy a la jueza federal de Nueva York Loretta Preska suspender el fallo que pretende obligar al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a los dos fondos de inversión que iniciaron una demanda contra el país por la expropiación de la compañía en 2012.

El Gobierno le pidió a la Justicia de Estados Unidos suspender el fallo por la expropiación de YPF

En una carta enviada a la magistrada, el gobierno del presidente Javier Milei le anticipó también que presentará una “apelación formal” en los próximos días. En su presentación, la Argentina destacó que el gobierno estadounidense ha apoyado su postura y argumentó que conceder la suspensión es “crucial”.

Este lunes, Preska ordenó a YPF entregar el 51 por ciento de sus acciones para compensar a dos fondos que denunciaron haber sido perjudicados durante la expropiación de la empresa en 2012.

La Procuración del Tesoro, que lleva adelante la defensa ante demandas contra el Estado, pidió esa cautelar (un recurso llamado stay en la legislación norteamericana) para ganar tiempo en el juicio, pero se guarda una última carta en caso de que Preska no acceda a esa solicitud: pedirá la suspensión directamente a la corte de apelaciones, es decir a la segunda instancia.

En la Casa Rosada sostienen que la sentencia, tal como fue determinada por la jueza, es de cumplimiento imposible, por lo que no está dentro de las opciones acatar el fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia. Quedarían dos superiores, entre la primera cámara revisora y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia norteamericana. Por esa razón, aseveran, no aceptarán una instancia de negociación con el fondo Burford para llegar a un acuerdo de pago, una posibilidad que empezó a dejar trascender la parte litigante.

En el Gobierno trabajan con una hipótesis de máxima que es conseguir que la ejecución de la sentencia, ordenada a través de la entrega de las acciones que el Estado tiene en YPF, se estire hasta que termine todo el proceso de apelación en segunda instancia. Si eso fuese posible, la Casa Rosada ganaría varios meses de espacio para evitar un incumplimiento abierto del fallo. Una solución menos favorable sería que los tiempos se estiren al menos los 90 días que requiere la presentación de los documentos de apelación.

El proceso por el caso YPF seguirá por las dos vías ya conocidas: por un lado, la cuestión de fondo, sobre si estuvo bien realizada la operación de expropiación de la petrolera en 2012. La jueza determinó que la oferta hecha a Repsol por sus acciones debería haber sido extendida al resto de los socios, como el Grupo Petersen. Al no haberlo hecho de esa forma, Preska consideró que hubo una violación al estatuto de la compañía.

Tal como trascendió, la Argentina apelará esta decisión y podría solicitar que los efectos se suspendan hasta que se resuelva la apelación, aunque es probable que la jueza Preska pida a cambio una garantía de pago, según se desprende del fallo recientemente publicado.

“Si bien la República exige que este Tribunal extienda la cortesía, al mismo tiempo se niega a hacer cualquier esfuerzo para cumplir la sentencia no suspendida del Tribunal”, escribió la jueza, antes de concederse la moción de embargo a los fondos demandantes.

“La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: (1) recibir el permiso del Congreso Nacional por dos tercios de los votos [para transferir las acciones de YPF], (2) tomar medidas para cambiar la ley, o (3) cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes”, señaló el fallo.

La Procuración del Tesoro, a cargo de diseñar la estrategia legal de defensa del Estado, está presidida por Santiago Castro Videla, quien reemplazó a Rodolfo Barra el año pasado. El gobierno de Javier Milei mantuvo los lineamientos de la gestión anterior y conservó la representación de los estudios jurídicos Sullivan & Cromwell y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H).

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